El exalcalde enfrentará cargos por dos delitos el próximo 21 de noviembre, en un proceso judicial que involucra a otras doce personas.
El próximo viernes 21 de noviembre de 2025, a las 3:00 de la tarde, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle deberá comparecer ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, en el marco de la audiencia de formulación de acusación por el caso Aguas Vivas. El proceso, liderado por la Fiscalía General de la Nación, busca demostrar un presunto entramado criminal con el que se habría intentado revertir la cesión de un lote entregado al municipio para favorecer a tres particulares con una millonaria suma.
La audiencia marcará el inicio formal del juicio contra Quintero y otros 12 coacusados, entre los que figuran nueve de sus exfuncionarios de confianza y tres ciudadanos particulares, antiguos propietarios del predio Aguas Vivas, ubicado en la parte alta de El Poblado. La Fiscalía radicó un extenso escrito de acusación de 144 páginas, en el que sustenta sus señalamientos con 3.997 pruebas documentales, testimoniales y técnicas.
Entre las pruebas clave figuran las actas de cuatro reuniones del Comité de Conciliación de la Alcaldía (realizadas en septiembre, octubre y noviembre de 2021), conceptos jurídicos internos que advertían la ilegalidad del proceso, el Decreto 412 de 2023 firmado por Quintero para modificar el POT sin competencia legal, y múltiples denuncias ciudadanas que alertaban sobre el intento de apropiación del predio, que ya era propiedad del Distrito desde 2019.
Según la Fiscalía, los implicados “dividieron tareas” para preparar un esquema en el que se pretendía modificar la cesión gratuita del lote mediante una falsa conciliación prejudicial y, posteriormente, pagar más de $40.500 millones de pesos a los particulares. Asegura que Quintero y su exsecretario general Fabio García Trujillo actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus decisiones, ignorando advertencias expresas de distintas dependencias municipales.
Entre los delitos imputados, dependiendo del grado de participación, están peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía sostiene que el grupo logró valorizar un lote originalmente avaluado en $2.600 millones hasta llevarlo a un precio artificialmente inflado de más de $40.509 millones.
Quintero, por su parte, ha calificado el proceso como un “montaje judicial” para frenar su carrera política. Su defensa, encabezada por el abogado Santiago Trespalacios, ya anticipó que pedirá la nulidad del proceso, argumentando falta de coherencia jurídica en la acusación.
De no prosperar esa solicitud, se prevé que el juicio oral avance durante el primer semestre de 2026.
