Estos reparos fueron plasmados en un concepto ante el Consejo Superior de Política Criminal.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, manifestó sus preocupaciones ante varios proyectos relacionados a la política criminal del país, y para él no es la excepción el Plan Nacional de Desarrollo (PND).Sobre dicha iniciativa del Gobierno, el jefe del ente acusador ha dicho que tiene competencia para pronunciarse en el marco de su participación en el Consejo Superior de Política Criminal.
Hace días anunció también que se alista el concepto que expondrá la Fiscalía General de la Nación ante ese órgano. «Le pongo una llanamente, se están creando fondos para evitar la selección objetiva y todos los principios de contratación pública que han tenido en Colombia para preservar de la corrupción administrativa al país», indicó.
El funcionario remitió un concepto al Consejo Superior de Política Criminal, en el que se destacan siete puntos con los principales reparos que realiza como fiscal general a esta iniciativa del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, al considerar que que pueden afectar los principios de transparencia y objetividad en materia de administración pública.
De acuerdo con el fiscal general, la modificación de las reglas de contratación en la administración pública cambia los hechos jurídicamente relevantes frente a los delitos asociados a la corrupción, que por regla general contienen elementos que remiten a las normas de contratación pública.
“Esto ocurre en el caso de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales (Art. 410 C.P.), peculado por apropiación (Art. 397 C.P.), peculado por aplicación oficial diferente (Art. 399 C.P.) o acuerdos restrictivos de la competencia (Art. 410-A C.P.)”, señaló Barbosa.
También cuestionó que el artículo 289 de este proyecto de Ley facilitaría la contratación directa con actores que pueden carecer de experiencia que permita blindar los recursos públicos.
Manifestó que esta iniciativa crea o impulsa varios fondos que tienen las funciones de administrar y asignar recursos públicos, mediante una estructura que dificulta el control y veeduría.
“El proyecto no es totalmente claro sobre el régimen que regulará la administración y ejecución de estos nuevos fondos, lo que genera riesgos frente a la transparencia en las modalidades de contratación a utilizar y, por ende, nuevamente incertidumbre y dificultad en la investigación y procesamiento de delitos asociados a la celebración indebida de contratos”, dijo.
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Francisco Barbosa advirtió que la reglamentación administrativa impactaría la persecución penal de actividades relacionadas con cultivos ilícitos, pues algunas de las conductas incluidas en las descripciones de los delitos pasarían a ser parte de la economía formal.
“Este tipo de medidas deben ser tomadas por el legislador, de manera que se brinde seguridad jurídica sobre las conductas penalizadas y permitidas y no se deje su determinación en reglamentos administrativos”, indicó el fiscal Barbosa.
