El Juzgado Primero Penal de Ipiales (Nariño) impuso medida de aseguramiento contra 9 presuntos miembros de una red de tráfico de migrantes autodenominada Sin Fronteras, que delinquía en el puente internacional Rumichaca y en los pasos irregulares que conectan a esta población nariñense con el vecino país de Ecuador.
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó cargos a los procesados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes.
Los cobijados con la medida judicial son: Luis Alberto Rosero Zúñiga, alias Lucifer, supuesto cabecilla de la estructura delictiva; Wilmer Andrés Rosero Melo, alias Pin Pin; Jhon Jairo Rosero Zamora, alias Mono; Edgar Gabriel Trejo Romo, alias el Abuelo; Edgar Albeiro Erazo Yama, alias Zancudo; Jorge Eduardo Gómez Pérez, alias Tato; Marvin Jair Tulcán Chilangua, alias el Negro; Jorge Eliécer Rueda Sánchez, alias Chamizo; y Gustavo Adolfo Ordoñez Alviz, alias Caleño. Una persona más, que está recluida en centro carcelario por los mismos delitos, fue vinculada al proceso.
Por medio de una fuente humana la Fiscalía evidenció la existencia de este grupo delictivo dedicado al ingreso ilegal a Colombia de ciudadanos de Haití, Cuba, Sierra Leona (África), Bangladesh, China, Siria e Irak.
Se conoció que, desde mayo de 2020, la banda coordinaba el desplazamiento terrestre de los migrantes hacia los municipios de Necoclí (Antioquia) y Acandí (Chocó) para llegar a Panamá, de allí a México y luego a Estados Unidos.
De acuerdo con lo establecido, los hoy asegurados presuntamente se encargaban de prestar servicios de hospedaje, transporte y falsificación de documentos migratorios y pasaportes, por lo cual cobraban entre 250 y 300 dólares, por cada uno, dependiendo de su nacionalidad. Además, la estructura obtenía ganancias semanales hasta por 10.000 dólares, por cada bus despachado desde Ipiales hacia Necoclí.
Igualmente se determinó que, para realizar estos traslados, la banda Sin Fronteras utilizaba empresas de turismo como fachada, con viajes a la población chocoana de Acandí, cobrando por el transporte marítimo entre 150 y 200 dólares.
En las diligencias las autoridades incautaron ocho teléfonos celulares que serán de relevancia para la investigación.
Es de anotar que ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.
