La intervención de Air-e entra en una nueva etapa judicial. La Fiscalía General de la Nación formulará imputación de cargos contra dos exfuncionarios que hicieron parte de la administración de la empresa durante el periodo en que el hoy ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se desempeñó como agente interventor.
La audiencia fue programada para este miércoles 9 de julio en Barranquilla y estará dirigida contra Hernán Alberto Silva Doncel, exjefe de Compras, y Diego Acosta Osorio, exsecretario general de la compañía. Ambos serán procesados por el presunto delito de administración desleal, conducta que podría acarrear penas de entre seis y diez años de prisión, de acuerdo con los agravantes que analiza el ente acusador.
El proceso judicial se originó tras una denuncia presentada por los antiguos accionistas de Air-e, quienes señalaron que durante la intervención se habrían presentado presuntas irregularidades en la contratación y en el manejo de los recursos de la empresa.
Uno de los principales ejes de la investigación corresponde a un contrato por cerca de 14.000 millones de pesos, suscrito durante la administración de Edwin Palma y que posteriormente fue suspendido luego de que surgieran cuestionamientos sobre presuntos vínculos entre la empresa contratista, el entonces jefe de Compras y su esposa.
Ese mismo contrato dio lugar a una compulsa de copias para que se investigue la posible responsabilidad del actual ministro de Minas y Energía. De manera paralela, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia adelantan indagaciones relacionadas con los hechos que rodearon la intervención de la compañía.
La Fiscalía también mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre la actuación de exfuncionarios de Air-e por posibles irregularidades en procesos de contratación, ejecución de pagos y administración de los recursos, por lo que no se descarta que en las próximas semanas se produzcan nuevas imputaciones.
Este avance judicial coincide con los cuestionamientos que ha recibido la intervención de la empresa durante los últimos 22 meses. En ese periodo se han denunciado presuntos sobrecostos, observaciones formuladas por la revisoría fiscal, inspecciones realizadas por la Fiscalía, posibles casos de nepotismo y una reducción superior al 90 % del patrimonio de Air-e, mientras la compañía enfrenta un complejo panorama financiero y la posibilidad de entrar en un proceso de liquidación.
La imputación de cargos constituye el inicio formal del proceso penal y no representa una declaración de culpabilidad. Corresponderá a las autoridades judiciales determinar, en el desarrollo del proceso, si existen responsabilidades penales por los hechos investigados.
