La Fiscalía General de la Nación continúa su lucha contra el multimillonario desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el avance de diligencias de arraigo que afectan a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Los agentes del CTI están llevando a cabo un exhaustivo rastreo con el fin de determinar la ubicación, el entorno familiar y otros aspectos clave de los exfuncionarios, buscando evitar cualquier intento de fuga en caso de ser llamados a comparecer ante la justicia.
A su vez, la Fiscalía investiga el paradero del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, quien podría haber salido del país y solicitado asilo en España. Las autoridades están verificando su situación para determinar si es necesario emitir nuevas medidas de arraigo.
En el marco de la investigación, se han revelado detalles comprometedores sobre el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Según el ente acusador, Velasco habría intervenido en la asignación de contratos en la UNGRD, favoreciendo intereses políticos y direccionando recursos por más de 35.000 millones de pesos. Se asegura que el exministro habría instruido a Olmedo López, en su momento director de la entidad, para que entregara los contratos al congresista Julio Elías Chagüi, con el objetivo de asegurar apoyo en el Congreso.
Los contratos, que originalmente estaban destinados a proyectos en regiones como Córdoba, Saravena y Carmen de Bolívar, nunca fueron ejecutados debido al escándalo relacionado con la compra de carrotanques para La Guajira. Las investigaciones también apuntan a que estos acuerdos buscaban garantizar respaldo político para el Gobierno en la Comisión Primera del Senado.
A pesar de las pruebas presentadas, tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, han rechazado cualquier vinculación con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos.
