Human Rights Watch (HRW) denunció en un documento que la Policía colombiana ha cometido “abusos gravísimos en contra de manifestantes”, que no son “incidentes aislados”, sino el resultado de un problema profundo del cuerpo policial, que necesita una reforma.
“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, señaló en un comunicado publicado hoy el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Mediante más de 150 entrevistas a víctimas, familiares, abogados y expertos, así como la verificación de registros policiales, forenses y videos, HRW recopiló pruebas de estos abusos donde documenta que “los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales”.
Esta organización ha recibido “denuncias creíbles” de 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las movilizaciones sociales el 28 de abril, sobre todo de ONGs como Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) o la coalición Defendamos la Paz.
“Human Rights Watch documentó cada uno de los casos de forma independiente y con evidencias de primera mano”, asegura la organización, y llegó a la conclusión de que 34 muertes, incluidas las de dos policías y un investigador judicial, ocurrieron en el contexto de las protestas, y de ellas “al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías”.
Investigaciones a fondo
“Las autoridades colombianas deben llevar a cabo investigaciones prontas, independientes y rigurosas sobre todos los casos de abuso policial y otros hechos graves de violencia, incluyendo por parte de hombres armados de civil que atacaron a manifestantes”, agregó HRW.
La organización asegura tener pruebas de que la Policía mató a al menos 16 personas con munición letal de armas de fuego, lo que está prohibido en una manifestación y que esa institución asegura a HRW que no ha usado.
En estos casos las víctimas recibieron heridas de balas en órganos vitales, y luego al menos una más murió por golpizas y otras tres por el uso indebido o excesivo de material de dispersión no letal como gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.
“Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”, aseveró Vivanco en el comunicado.
Además, entre los heridos en las manifestaciones (1.100 según el Ministerio de Defensa) hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban apoyando la buena marcha de las manifestaciones, y todos ellos iban identificados con chalecos y material distintivo.
HRW también documentó otros abusos de derechos humanos como que la Policía privó de libertad a más de 5.500 personas en detenciones arbitrarias camufladas bajo la figura de “traslado por detección” o la detención de más de 1.200 personas por delitos cometidos en las protestas, de las cuales cientos fueron liberados sin cargos y después de que un juez dictase que su detención habría sido ilegal.
Abusos por parte de civiles
“Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, algunos individuos cometieron actos graves de violencia”, añadió HRW, que habla de ataques a estaciones de Policía y establecimientos con piedras y cócteles molotov, agresiones a Policías con hasta 1.200 lesionados y hasta 20 con armas de fuego, y también abusos sexuales a una agente.
La organización también denuncia los estragos producidos por los bloqueos de calles “por períodos prolongados”, que han impedido en algunos casos distribuir alimentos o que circulen ambulancias, sobre todo en los departamentos del Valle del Cauca (suroeste) y Cundinamarca (centro).
Por estos bloqueos murieron dos bebés cuando manifestantes bloquearon e incluso atentaron contra las ambulancias en las que estaban siendo trasladadas.
“La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”, señaló Vivanco.
EFE
