La tensión entre los gobernadores y el Gobierno Nacional continúa escalando por los efectos fiscales del decreto de emergencia económica, especialmente por los nuevos impuestos a licores y cigarrillos, que, según los mandatarios departamentales, ponen en riesgo el recaudo y la estabilidad financiera de las regiones.
Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que tras la reciente reunión hubo entendimientos y un ambiente de diálogo, varios gobernadores desmintieron esa versión y afirmaron que no existe ninguna conciliación frente a la aplicación del decreto.
Los mandatarios confirmaron que evalúan acudir a la Corte Constitucional para solicitar una medida cautelar que suspenda provisionalmente los efectos tributarios del decreto, mientras el alto tribunal analiza su constitucionalidad. Aclararon que la intención no es tumbar la declaratoria de emergencia, sino evitar un impacto negativo inmediato en las finanzas departamentales.
Según los gobernadores, los gravámenes contemplados afectan directamente recursos que hoy financian educación, salud y programas sociales, lo que podría traducirse en desfinanciación de servicios esenciales. En ese sentido, advirtieron que el costo fiscal recaería principalmente sobre los departamentos, sin garantías claras de compensación.
Mientras el Gobierno insiste en la obligatoriedad del decreto y en la instalación de mesas técnicas para evaluar su impacto, las regiones mantienen su postura de defensa de la autonomía fiscal y del equilibrio presupuestal. El pulso institucional, por ahora, se traslada al escenario judicial, donde la Corte Constitucional tendrá la última palabra.
