Los mandatarios regionales aseguran que esta medida tributaria es re-centralizadora y va en contravía de los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial.
En carta dirigida al ministro de Hacienda y Crédito Público, los gobernadores expresan su desacuerdo, en especial por el impacto que el incremento del impuesto puede generar en el aumento del contrabando y la ilegalidad en Colombia.
Bogotá, 9 de enero de 2026 (@FNDCol).– La Federación Nacional de Departamentos (FND) y los 32 gobernadores del país rechazaron de manera unánime la implementación del Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica, mediante el cual se incrementa el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, así como cigarrillos y tabaco elaborado, al considerar que vulnera la autonomía fiscal territorial y pone en riesgo una de las principales fuentes de financiación de los departamentos.
En la misiva enviada al ministro Germán Ávila Plazas, los mandatarios advierten que la búsqueda de recursos adicionales para el financiamiento del presupuesto nacional no puede trasladar la carga fiscal a las regiones, ni debilitar el modelo de Estado descentralizado consagrado en la Constitución Política.
“Desde las regiones reiteramos nuestro categórico rechazo a la implementación de las medidas establecidas en el Decreto 1474 de 2025, por ser re-centralizadoras y atentar contra los ya limitados ingresos de las entidades territoriales, además de poner en riesgo la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte”, señala el documento.
Los gobernadores enfatizan que los impuestos al consumo de licores y cigarrillos representan una renta fundamental para la sostenibilidad fiscal departamental, especialmente para el aseguramiento en salud y los programas sociales, por lo que cualquier modificación debe ser concertada y evaluada con criterios técnicos y territoriales.
Asimismo, expresan su preocupación por el efecto contraproducente que tendría el incremento del impuesto, al incentivar el contrabando, la evasión fiscal y la comercialización de productos ilegales, fenómenos que no solo reducen el recaudo esperado, sino que afectan gravemente la salud pública y fortalecen economías criminales que amenazan la seguridad en varias regiones del país.
Finalmente, la FND y los gobernadores hicieron un llamado al Gobierno Nacional para revisar el decreto, abrir espacios de diálogo con las entidades territoriales y construir soluciones fiscales que permitan atender la emergencia económica sin debilitar las finanzas regionales ni desconocer la autonomía de los departamentos.
