El gobierno del presidente Donald Trump emitió una nueva directriz que podría restringir la entrega de visas a extranjeros que padezcan enfermedades crónicas o no cuenten con recursos económicos suficientes para mantenerse en Estados Unidos.
Según un cable del Departamento de Estado, los funcionarios consulares deberán evaluar con mayor rigor las condiciones médicas y financieras de los solicitantes, para asegurar que no dependan de beneficios gubernamentales tras su ingreso al país.
La medida amplía la interpretación del concepto de “carga pública”, ya existente en la legislación migratoria, e incluye padecimientos como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades mentales o cardiovasculares. También exige pruebas documentales sobre activos, cuentas bancarias y nivel educativo.
Expertos advierten que esta política podría reducir significativamente el número de visas otorgadas, afectando principalmente a personas de bajos ingresos, adultos mayores y solicitantes con condiciones médicas costosas.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, justificó la decisión al señalar que busca “proteger al contribuyente estadounidense” y garantizar que el sistema migratorio no se convierta en una carga fiscal.
Sin embargo, organizaciones como Protecting Immigrant Families calificaron la disposición como “peligrosa” y “disuasoria”, al generar temor entre inmigrantes legales y familias mixtas que podrían renunciar a recibir atención médica o asistencia pública por miedo a represalias migratorias.
Abogados de inmigración, por su parte, advirtieron que la norma otorga amplia discrecionalidad a los funcionarios consulares, lo que podría traducirse en un aumento de visas negadas bajo criterios subjetivos.
