El Gobierno Nacional ratificó su decisión de mantener el cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en el proyecto Cartagena–Barranquilla–Circunvalar de la Prosperidad, a pesar de una medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenó cesar temporalmente la facturación.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte defendieron la continuidad del proceso, argumentando que el mecanismo está amparado en la Ley de . El Invías señaló que están cumpliendo la medida judicial al avanzar en el proceso de diálogo y audiencias públicas, pero sostienen que el instrumento sigue vigente.
Reacción Política y Judicial
La ratificación del cobro generó una fuerte reacción del senador barranquillero Carlos Meisel (Centro Democrático), quien ha liderado la oposición a esta contribución:
“Los funcionarios del Gobierno tienen que entender que todavía estamos en un país donde se debe respetar el Estado social de derecho. Ellos no pueden violar la división de poderes… no pueden hacer lo que les da la gana”, afirmó Meisel, criticando la insistencia del Ejecutivo.
Audiencias y Redistribución del Recaudo
El Invías explicó que las audiencias públicas informativas, ordenadas por el Tribunal, se realizarán entre el 6 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025 en Barranquilla, Cartagena y otros ocho municipios de la zona de influencia.
La viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina, señaló que el recaudo, estimado en billones de pesos, será distribuido con criterios socioeconómicos para priorizar a los municipios con menores indicadores de desarrollo, en un mecanismo que busca la equidad territorial.
El Invías reiteró que la valorización no es un impuesto, sino una contribución especial y única para la propiedad beneficiada, y recordó las exenciones para propietarios en pobreza extrema o moderada (Sisbén A1–A15 y B1–B7), así como para predios de estratos 1, 2 y 3.
