En un comunicado el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, precisó que se garantizaron todas las condiciones para que la APP del río Magdalena fuera adjudicada. Para tal fin efectuó un proceso transparente, desde la publicación de los prepliegos, en octubre de 2021; continuando con los pliegos definitivos, el 24 de diciembre.
Señala que adicionalmente estableció un protocolo de relacionamiento con posibles interesados, con los cuales se efectuaron reuniones uno a uno, con el fin de escuchar y atender los requerimientos planteados por parte las firmas interesadas.
Indica la ANI que pese a que el proceso hoy se declaró desierto, la estructuración de esta iniciativa perteneciente al programa Concesiones del Bicentenario, igualmente contó con el apoyo y acompañamiento del BID Invest, al recibir asesoría de importantes empresas nacionales e internacionales, como las firmas Durán & Osorio, para el componente legal; Ernst & Young, para el componente financiero; y Environmental Resources Management (ERM) y Royal HaskoningDHV, para el componente ambiental y técnico respectivamente. Asimismo, se contó con el apoyo técnico de la Universidad del Norte y el Instituto Alexander von Humboldt.
Según el Gobierno, en este resultado adverso pesó sin duda la creciente crisis de la economía mundial, particularmente por la volatilidad de los precios de los combustibles, cuya variación debía ser asumida por el futuro concesionario, pese a que el proyecto tiene como principal componente actividades de dragado. Asimismo, las dificultades en el mercado, que advirtieron en su momento algunos interesados, relacionadas con el incremento en la percepción de riesgo por parte de compañías aseguradoras, sin duda se convirtieron en factores que pudieron afectar el proceso.
Se resalta que desde la Agencia Nacional de Infraestructura se efectuaron grandes cambios en la estructuración técnica, financiera y jurídica del proyecto, respecto a la estructuración inicial que se tenía del año 2014, lo que permitió robustecer el proyecto basado en los más altos estándares técnicos, científicos, financieros, ambientales, sociales y jurídicos, que pudieran responder a las necesidades de la navegabilidad del río Magdalena.
También se garantizó un marco regulatorio especializado que distribuye los riesgos con un Conpes específico para proyectos fluviales, en el que se determinó que el riesgo de nuevas consultas previas es compartido con el inversionista, al igual que el riesgo de dragado.
El Gobierno nacional afirma que seguirá trabajando con todos los actores para buscar soluciones de largo plazo para garantizar la navegabilidad por el río Magdalena.
