La Consejería de Paz del Gobierno diseñó un plan para adelantar diálogos con estructuras criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana, en medio de un aumento preocupante de homicidios y feminicidios en el Atlántico.
El documento, firmado por el delegado de paz Camilo Pineda, establece medidas jurídicas y operativas para acercarse a estos grupos mientras se socializa la estrategia con autoridades locales y líderes sociales. Se prevé que a mediados de abril podrían alcanzarse acuerdos con las organizaciones que decidan someterse.
Principales puntos del plan
- Mecanismos judiciales: se podrán proponer preacuerdos, principios de oportunidad, aceptación de cargos y preclusiones ante la Fiscalía.
- Suspensión de órdenes de captura: se evaluará la posibilidad de pausar órdenes contra miembros de estas bandas mientras avanzan los diálogos.
- Traslados de privados de libertad: podrían reubicarse internos de mediana seguridad, previa solicitud de los líderes de las estructuras.
- Sin beneficios automáticos: las operaciones judiciales continúan hasta que haya compromisos verificables; no habrá privilegios inmediatos sin una eventual ley especial de sometimiento.
Contexto de violencia
El plan advierte que tras el fin de la tregua unilateral de grupos ilegales, la violencia se ha disparado:
- En marzo de 2026, se registraron 82 homicidios, un incremento de casi el 44 %.
- La mayoría de los crímenes (80,4%) se concentran en el Área Metropolitana de Barranquilla.
- Entre 18 y 19 mujeres han sido asesinadas en lo corrido del año, incluyendo menores de edad, en zonas con presencia de estructuras criminales.
La hoja de ruta enfatiza que el diálogo debe avanzar bajo principios de verdad, reparación y no repetición, en un escenario donde la seguridad de la ciudad y el departamento está bajo presión.
Alias como ‘Digno Palomino’, líder de Los Pepes, y ‘Castor’, líder de Los Costeños, son algunos de los nombres que podrían verse involucrados si aceptan participar en este proceso.
Esta estrategia busca generar consenso y transparencia sobre las acciones a seguir frente a la criminalidad en Barranquilla y el Atlántico.
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