El Consejo Gremial Nacional solicitó a la Corte Constitucional suspender de manera provisional el decreto ley mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro creó un impuesto al patrimonio dirigido a empresas.
La petición busca que la medida sea frenada antes del próximo 1 de abril, fecha clave para su entrada en vigor, mientras el alto tribunal analiza su legalidad.
El impuesto en cuestión aplicaría a compañías con un patrimonio líquido igual o superior a $10.474 millones, lo que ha generado preocupación en el sector empresarial por sus posibles efectos en la inversión y la estabilidad económica.
Desde el gremio advierten que la implementación de este tributo podría tener impactos negativos en la competitividad del país, por lo que consideran necesario que la Corte revise de fondo el decreto antes de que comience a regir.
El caso abre un nuevo frente de discusión entre el Gobierno y el sector empresarial, en medio de debates más amplios sobre política fiscal y carga tributaria en Colombia.
