En el último año, más de medio millón de personas han cruzado el Tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá, dirigiéndose hacia el norte, generalmente a Estados Unidos. Venezolanos, haitianos y ecuatorianos, pero también personas de otros continentes como Asia y África arriesgan sus vidas en esta selva donde están expuestos a abusos por parte de grupos criminales, incluyendo violencia sexual, y reciben poca protección o ayuda humanitaria.
Así lo expone Human Rights Watch en un informe publicado este jueves, en el cual advierte que el tráfico de migrantes por este punto entre Colombia y Panamá, está bajo el total control del llamado «clan del golfo», que recauda millonarios recursos en el cobro de «peaje», con el agravante de que viola y asesina en la inhospita y tortuosa trocha.
El informe de 58 páginas, titulado “‘Este infierno era mi única opción’: Abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién”, es el primero de una serie de informes de Human Rights Watch sobre la migración a través del Tapón del Darién.
La ONG precisa que obtuvo evidencias de que las restricciones al movimiento desde países sudamericanos hacia México y Centroamérica, a menudo promovidas por Estados Unidos, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el Tapón del Darién, lo cual los expone a abusos, incluyendo violencia sexual, y fortalece el crimen organizado.
“Las dolorosas historias que escuchamos en el Tapón del Darién son el resultado de políticas migratorias fallidas que empujan a los migrantes hacia una selva donde están expuestos a todo tipo de peligros”, advirtió Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
“Los crecientes desafíos migratorios en nuestra región exigen nuevas políticas de alcance regional que garanticen los derechos de las personas en movimiento”, añadió.
En el último año, más de medio millón de personas han cruzado el Tapón del Darién en su viaje hacia el norte, generalmente hacia Estados Unidos. Muchos huyen de crisis de derechos humanos en las Américas, incluyendo de violencia, persecución y pobreza. Miles de venezolanos, haitianos y ecuatorianos, pero también personas de otras regiones como Asia y África, arriesgan sus vidas en esta selva.
Más de 440.000 venezolanos han cruzado el Tapón del Darién desde enero de 2022, la cifra más alta entre todas las nacionalidades. Huyen de una grave emergencia humanitaria, que ha limitado el acceso a alimento y medicinas, y de abusos y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad, grupos armados y pandillas.
Human Rights Watch visitó el Tapón del Darién cuatro veces entre abril de 2022 y junio de 2023 y entrevistó a casi 300 personas para documentar las causas y respuestas a esta crisis.
Se entrevistaron migrantes y solicitantes de asilo que habían cruzado o estaban por cruzar el Darién, víctimas de graves abusos, trabajadores humanitarios, autoridades colombianas y panameñas y expertos en migración de toda la región. Los investigadores también analizaron datos e informes de los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos; agencias de la ONU; organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales, regionales y locales; y clínicas jurídicas.
Human Rights Watch encontró evidencias de que los requisitos de visado impuestos por los gobiernos de México y Centroamérica contribuyen al aumento de migrantes que cruzan el Darién.
Tras la imposición de requisitos de visado por parte de algunos de estos países a venezolanos y ecuatorianos en 2021 y 2022, el número de personas de ambas nacionalidades que cruzan el Darién se ha disparado, lo que sugiere una relación entre el requisito de visado y el aumento de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan esta selva.
A lo largo de varios días de camino por el Darién, migrantes de todas las nacionalidades sufren frecuentemente robos y graves abusos, incluyendo violencia sexual.
Del lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en narcotráfico, regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo, decide quién puede asistirlos en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece normas de conducta para la población local y los migrantes, que a veces hace cumplir mediante la violencia. El Ministerio de Defensa de Colombia estima que el Clan obtiene en promedio 125 dólares por cada persona que cruza el Darién. Si la estimación es correcta, el grupo armado pudo haber obtenido un total de 57 millones de dólares entre enero y octubre de 2023 debido su control sobre la ruta migratoria.
Criminales y delincuentes abusan de los migrantes y solicitantes de asilo cuando cruzan las numerosas rutas que atraviesan la selva, especialmente en el lado panameño. Cometen de forma rutinaria robos y abusos sexuales y en numerosas ocasiones violaciones sexuales. La organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha asistido a 950 personas, la mayoría mujeres, que reportaron violencia sexual al cruzar el Tapón del Darién desde abril de 2021.
En mayo de 2022, varios hombres armados tendieron una emboscada a un grupo de migrantes, entre ellos una mujer haitiana de 22 años que viajaba con su esposo y su hijo de un año. Los hombres la separaron a ella y a otras dos mujeres del grupo, según contó. Un hombre la empujó contra un árbol y la agredió sexualmente. Un segundo hombre se sumó al primero y le preguntó dónde estaba el dinero. Ella apunto a sus botas. Se llevaron todo el dinero que tenía guardado y la dejaron ir.
El clan del golfo, también conocido como autodefensas gaitanistas de Colombia (AGC), ha sido el principal grupo armado de la región desde el Acuerdo de Paz de 2016 entre las Farc y el gobierno colombiano, y ejerce allí un control hegemónico.
Luego de que el entonces líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsaga, conocido como “Otoniel”, fuera detenido en octubre de 2021, el grupo armado aumentó su participación en el flujo de migrantes y solicitantes de asilo a través del Darién.29 En la actualidad, el Clan desempeña tres funciones principales en relación con el flujo de migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién:
– El Clan regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo y decide quién puede prestarles servicios en el camino. Como se describe más adelante, el Clan ha cerrado rutas, incluyendo, al parecer, mediante el asesinato de un líder comunitario involucrado en el transporte de migrantes. Los consejos comunitarios que organizan las rutas piden permiso al Clan para utilizar ciertos caminos, dijo un fiscal a Human Rights Watch. El grupo quiere evitar el paso de migrantes por las rutas terrestres que utiliza para el tráfico de drogas, según un fiscal y funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
El grupo también utiliza el flujo de migrantes para desviar la atención del transporte marítimo de cocaína.33 Dos personas que ayudan a migrantes y solicitantes de asilo en Necoclí, por ejemplo, contaron a Human Rights Watch que miembros del Clan del Golfo las convocaron a una reunión en marzo de 2022 y les dijeron que llevaran a los migrantes y solicitantes de asilo a empresas de lanchas que operan ilegalmente desde Totumo, un pueblo pequeño en Necoclí, hasta Carreto, en Panamá. Estas embarcaciones suelen viajar en paralelo a los barcos
que transportan cocaína. Cuando la Armada interviene, los lancheros arrojan a los migrantes y solicitantes de asilo al mar y huyen con la cocaína, dijeron varias fuentes a Human Rights Watch.
El Clan también ha establecido sistemas para rastrear los pagos de los migrantes y solicitantes de asilo para cruzar el Darién. Estos sistemas han incluido la entrega de pulseras a quienes pagaron y, más recientemente, la colocación de pegatinas en sus pasaportes o documentos de identidad.
– El Clan del Golfo extorsiona a todos los que se benefician del flujo migratorio en el lado colombiano. Las normas internas del Clan establecen que sus ingresos proceden, entre otros, de los “impuestos de la economía de ilícito que existen en las regiones que controlan”.
Esto incluye a las personas que alquilan sus casas, venden viajes en barco o prestan servicios como “guías” a través de la selva. Un fiscal estimó que el Clan obtiene el 20% de todos los ingresos relacionados con las actividades migratorias. El Ministerio de Defensa de Colombia informó a Human Rights Watch que el Clan del Golfo obtiene en promedio 125 dólares por cada migrante o solicitante de asilo que cruza el Darién.
– El Clan del Golfo establece normas de comportamiento a la población local y los migrantes y solicitantes de asilo, y a veces las hace cumplir mediante amenazas y asesinatos. Estas normas incluyen la prohibición de hacer daño a los migrantes y solicitantes de asilo. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el Clan habría matado a un “guía” acusado de abusar sexualmente de mujeres migrantes.
“Hacen ‘limpieza social’”, dijo a Human Rights Watch un hombre que trabajaba en una empresa de lanchas, en referencia al asesinato de presuntos delincuentes. El grupo armado mantiene un nivel menor de violencia y abusos para evitar llamar la atención de las fuerzas de seguridad, aseguraron él y otras personas entrevistadas por Human Rights Watch.
En los últimos años, cientos de personas, en su mayoría mujeres, han sufrido violencia sexual al cruzar el Darién, según organizaciones humanitarias.
La Procuraduría panameña dijo a Human Rights Watch que había abierto 99 investigaciones por “delitos contra la libertad e integridad sexual”, incluyendo violación y otros tipos de abuso sexual, contra migrantes y solicitantes de asilo en el Darién en 2021; y 32 entre enero y julio de 2022.106 Sin embargo, es probable que exista un gran subregistro de este tipo de delitos.
Médicos Sin Fronteras (MSF) asistió a 328 personas que informaron haber sido víctimas de violencia sexual mientras cruzaban el Darién entre abril y diciembre de 2021;107 232 en todo 2022; y 390 entre enero y octubre de 2023.108 Según MSF, el número total de víctimas es todavía mayor.
Víctimas, trabajadores humanitarios, y autoridades panameñas dijeron a Human Rights Watch que, en la mayoría de los casos de violencia sexual, migrantes y solicitantes de asilo fueron emboscados por hombres armados, fueron separados por género y las mujeres fueron obligadas a quitarse la ropa. Las mujeres dijeron que los hombres las agredieron sexualmente, frecuentemente bajo el pretexto de buscar dinero escondido. En numerosos casos las violaron.
Rita Mendes, una mujer angoleña de 39 años, cruzó el Darién con un grupo junto a su esposo José, de 49 años, y Ana, su hija de 12 años.111 Dijeron que les robaron dos veces después de salir de Colombia. Dos días antes de llegar a Armila, en el lado panameño, un grupo de ocho o nueve hombres los emboscó, dijo Rita a Human Rights Watch.
Los hicieron arrodillares, les apuntaron con pistolas y les robaron las pertenencias que llevaban en las mochilas. “Antes de pedirnos dinero, nos separaron por nacionalidades”, contó José. También dijo que los delincuentes tenían las caras cubiertas, algunos iban vestidos con pantalón de jean, mientras otros vestían ropa de estilo militar con camuflaje. Dos días después pasar por Armila, otro grupo de hombres armados los emboscó. Los retuvieron durante unas seis horas. En esta ocasión, los delincuentes separaron a las mujeres. José nos dijo que lo golpearon cuando intentó detenerlos. Dos hombres le pusieron a Rita un machete en el cuello, la golpearon con la culata de un rifle, la tiraron al suelo, y la violaron. Después apuntaron el machete contra Ana y la violaron. Los agentes panameños del SENAFRONT a los que Rita y Ana intentaron denunciar al día siguiente las violaciones “no mostraron ninguna empatía”, dijo Rita. Organizaciones humanitarias les proporcionaron atención médica.
Sobre la base de la Declaración sobre la Migración y Protección de Los Ángeles, firmada por 21 países de la región en 2022, los gobiernos de América deberían adoptar medidas para garantizar políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos. También deberían aprovechar el Foro Mundial sobre los Refugiados de diciembre de 2023 y el próximo 40° aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984—un histórico instrumento internacional sobre derechos de los refugiados en América Latina—para responder a los crecientes retos migratorios de la región.
Los gobiernos deberían poner en marcha un régimen de protección temporal para toda la región que conceda a los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo razonable y renovable. También deberían garantizar que la imposición de visados no impida en la práctica el acceso al refugio y no fuerce a las personas a recurrir a caminos peligrosos, incluyendo el Tapón del Darién, señaló Human Rights Watch.
Asimismo, los gobiernos de la región deberían tomar medidas para crear un mecanismo regional equitativo y centrado en los derechos humanos para determinar qué Estados son responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados. El mecanismo debería tomar en cuenta, en lo posible, factores individuales, tales como vínculos sociales o familiares y preferencias individuales de los solicitantes. Los Estados deberían distribuir los costos de manera equitativa y ofrecer a los Estados miembros incentivos para compartir dicha responsabilidad, señaló Human Rights Watch.
“Los migrantes y solicitantes de asilo tienen derecho a poder movilizarse de forma segura y digna”, señaló Goebertus. “Todos tienen derecho a condiciones básicas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”, concluyó.
