La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, a través de una carta le solicitó al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, rechazar la inhabilitación del gobierno de Nicolás Maduro a la candidata presidencial, María Corina Machado.
“Respetuosamente, quisiera instar al gobierno de S.E. a solicitar, de forma pública y privada y junto con otros gobiernos latinoamericanos, que las autoridades venezolanas revoquen urgentemente esta decisión”, se lee en el documento.
Según lo expresó la directora, el 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó la inhabilitación administrativa de Machado, quien había ganado holgadamente las internas de la oposición realizadas el 22 de octubre de 2023.
Detalló en esa línea, que la inhabilitación de Machado, por un período de 15 años, impediría que participe en las elecciones presidenciales que deberían realizarse este año en Venezuela, lo cual a su consideración “viola sus derechos políticos y amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres”, expresó.
Explicó además, que se trata de una determinación que pone en crisis un aspecto central del acuerdo de Barbados, alcanzado entre el gobierno venezolano y la oposición, donde ambas partes se comprometieron a garantizar “el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y de acuerdo con mecanismos internos, atendiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.
Lo anterior, indicó Juanita Goebertus, puede poner en riesgo el futuro del diálogo entre el gobierno y la oposición y la posibilidad de una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela.
Puso de presente también que la decisión ocurre en un contexto de amplias restricciones al derecho a participar en elecciones justas y libres, “incluyendo detenciones arbitrarias, acoso y restricciones a la sociedad civil”, indicó.
Finalmente, recomendó al jefe de Estado colombiano que en compañía de otros gobiernos latinoamericanos, inste al gobierno de Venezuela a cumplir con las obligaciones del acuerdo de Barbados, incluyendo la revocación de inhabilitaciones arbitrarias, la elaboración de un calendario electoral certero y la realización de elecciones con observación internacional de la Unión Europea.
