En el corregimiento de Siapana, en la alta Guajira, se llevó a cabo el acto simbólico en el que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reconoció al pueblo wayuu como sujeto de derechos, lo que permitirá participar en la planeación, desarrollo e implementación de la política pública encaminada a garantizar los derechos fundamentales al agua, la salud y la alimentación de la niñez indígena.
Con este reconocimiento, el ICBF busca trazar la hoja de ruta que permita dar cumplimiento a la Sentencia T-302 en la que la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales por la vulneración de los derechos de la niñez en cuatro municipios de la península: Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha.
“Yo no vengo a salvar La Guajira, yo vengo a tejer un puente y a poner puntadas en un camino que debe recorrer el pueblo wayuu y el Gobierno nacional. Vengo a iniciar un proceso de reparación que nos toca construir entre todos”, señaló Astrid Cáceres, directora general del ICBF.
La intervención contempla un modelo especial de atención en salud de las poblaciones que son amparadas por la Corte y también la manera en la que el ICBF prestará sus servicios a través de las Unidades Comunitarias de Atención, conocidas como UCA, de manera articulada con las demás instituciones del Estado y con las mismas comunidades wayuu.
“Serán 500 puntos de entrega de agua para las UCAS y 14 centros comunitarios de recuperación nutricional, las primeras áreas de recuperación nutricional en el país y el compromiso intersectorial de recorrer y trabajar con la comunidad un nuevo modelo de acción del Estado en La Guajira”, aseguró la funcionaria.
Este modelo se adelantará en 52 zonas de este departamento y será construido de manera colectiva, planteando una política pública que promueva la seguridad y soberanía alimentaria, la salud y protección.
La nueva forma de atención será más consensuada con el pueblo wayuu, según informó Cáceres, y deberá ir más orientada a sus usos y costumbres. Para ello, aseguró que se trabajará con un equipo que viene preparándose para poder hacer un modelo de atención pertinente a su cultura.
Cabe recordar que la Corte Constitucional ordenó al ICBF este acto de reconocimiento, a través del Auto 305 de 2023 con el propósito de “expresar la hoja de ruta o actividades que adelanta o espera adelantar el ICBF para vencer expresiones prejuiciosas, estereotipadas o irrespetuosas entre sus empleados, operadores, agentes y directivos acerca del mundo social y cultural de esta etnia”.
Los wayuu esperan que el acto se traduzca en cambios
Durante el evento hicieron presencia autoridades tradicionales, líderes y comunidad en general del pueblo wayuu, quienes aseguraron que esperan que el acto no se quede solo en simbología, sino que de verdad se pueda construir el camino que permita ponerle fin a la crisis social que vive su etnia.
Elimenes Sapuana, líder wayuu, señaló que esperan que se incluya “un ajuste de las normativas y temas contractuales de las instituciones que tengan incidencia en las políticas públicas desarrolladas en las poblaciones wayuu relacionadas con los derechos de los niños y jóvenes”.
Además, aseguró que el pueblo wayuu está llamado a la unidad, pero que reclaman una autonomía territorial, pues indicó que sin gobierno propio su etnia no puede avanzar.
“Uno de los mensajes que le transmitimos al Gobierno nacional es que cualquier diálogo que se entable debe ser bidireccional y de Gobierno a Gobierno: el nacional y el propio”, expresó.
Cifras que evidencian la crisis social del pueblo wayuu
El pasado 8 de mayo se cumplieron seis años de haberse expedido la Sentencia T-302 por parte de la Corte Constitucional para amparar los derechos a la salud, la alimentación y el agua de la niñez wayuu. Sin embargo, desde entonces y hasta la fecha, han muerto por desnutrición 312 menores de cinco años, según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud (INS).
De los seis años, el 2022 fue en el que el INS registró el mayor número de muertes de niños por esta causa. A la semana epidemiológica número 52 del año, el Instituto reportó 85 fallecimientos de menores de cinco años por desnutrición.
En lo que va corrido del 2023, ya se registran 24 muertes de niños wayuu y 645 menores de cinco años de edad tienen desnutrición aguda, cifras que, según líderes sociales de La Guajira, en realidad pueden ser hasta tres veces más altas, ya que aseguran que la mayoría de los casos no son reportados a las autoridades.
