La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en averiguación de responsables de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), por posibles irregularidades en la ejecución de un contrato de prestación de servicios, que habría sido adicionado sin contar con el respectivo respaldo presupuestal.
Al parecer, en desarrollo de este bilateral el 31 de diciembre de 2024 se habría tramitado una primera adición que prorrogaba el contrato hasta el 30 de abril de 2025 y adicionaba recursos por $ 1.400 millones sin que fuera respaldado por el correspondiente registro presupuestal.
En consecuencia, el contrato habría continuado su ejecución hasta el 24 de enero de 2025, fecha en la cual se suscribe la segunda adición, también objeto de cuestionamiento por parte de ente disciplinario.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.
