Un mayor del Ejército, un sargento y una mujer que se hizo pasar como capitán fueron los capturados.
La Fiscalía reveló un escándalo que compromete directamente a la seguridad presidencial y al manejo de información de carácter reservado.
Dos integrantes del Ejército Nacional que hacían parte del tercer anillo de protección del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, junto con una mujer que se hizo pasar como oficial, fueron señalados de filtrar información secreta a estructuras delictivas, entre ellas el Tren de Aragua.
Las pesquisas estuvieron a cargo de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la cual determinó la existencia de un entramado ilegal que habría permitido a un grupo ajeno al Ejército acceder a operaciones en Bogotá y Cundinamarca, manipular procedimientos judiciales e incluso obtener detalles de seguridad nacional.
Los señalados son el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5 (BAFUR 5); el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva; y Luisa Fernanda Salgado Fernández, una mujer que, haciéndose pasar como capitán, ingresó a instalaciones militares y se presentó en reuniones interinstitucionales de alto nivel.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias simultáneas ejecutadas en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N.º 3, todas en Bogotá.
Posteriormente, los tres fueron presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.
Según los hallazgos de la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez permitió que Luisa Salgado Fernández ingresara en 36 ocasiones a instalaciones militares, asumiendo un rol inexistente como capitán.
Desde allí participó en operaciones tácticas y de inteligencia, accedió a información clasificada, secreta y ultrasecreta, y conoció detalles relacionados con la composición de los esquemas de protección de altos funcionarios, además de planes contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
Por su parte, el sargento segundo Padilla Villanueva fue quien habría facilitado y encubierto estas entradas irregulares.
De acuerdo con los elementos probatorios, permitió que la mujer interactuara con la tropa, se involucrara en entrenamientos tácticos y accediera a equipos de comunicaciones y drones.
Incluso se le atribuye la entrega de información sobre movimientos de las unidades militares y aspectos logísticos de las misiones, lo que derivó en la exposición de material altamente sensible.
Como consecuencia de estas filtraciones, en manos de un civil terminaron documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia.
Algunos de esos insumos fueron utilizados para ordenar diligencias judiciales que luego se ejecutaron bajo la creencia de que provenían de fuentes legítimas, engañando así a fiscales y jueces.
Un vocero de la Fiscalía explicó que las acciones de los procesados representaron un grave riesgo para la seguridad nacional.
Y que, a partir de esos datos se ordenaron operaciones que incluyeron incautaciones de droga y armas de fuego, lo que demuestra el nivel de incidencia que lograron en los procesos judiciales.
Actualmente, los tres implicados se encuentran judicializados y bajo la evaluación de un juez de control de garantías, quien deberá decidir sobre la legalidad de las capturas y la solicitud de medidas de aseguramiento en su contra.
