Más dudas que respuestas dejaron los representantes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la mesa de trabajo promovida por la Procuraduría General de la Nación, en seguimiento a la intervención que hizo a la empresa de energía AIR-E S.A.S. E.S.P.
La reunión buscaba atender inquietudes del Ministerio Público sobre los argumentos que tuvo la entidad para intervenir a la empresa prestadora, comercializadora y distribuidora de los servicios de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Durante la reunión, la Superservicios no fue clara en sus explicaciones ni sustentó con suficiencia los informes financieros solicitados por el organismo de control; tampoco entregó datos concretos de las deudas a los acreedores ni del seguimiento que ha hecho a la empresa luego de haber sido intervenida.
En la mesa técnica, en la que también estuvieron representantes de la Contraloría General de la República y de AIR-E, la Procuraduría cuestionó que la Superservicios no tuviera informes consolidados sobre el monto de la deuda actual que tiene la electrificadora con las generadoras energéticas y sobre el patrimonio y activos de la entidad.
También llama la atención para el órgano de control que la Superservicios y Agente Especial, a la fecha, no tengan planes definitivos para garantizar la continua y eficiente prestación del servicio y tampoco tengan medición de los impactos causados por la decisión.
Sumado a estas inconsistencias, la entidad tampoco presentó un informe de las actuaciones que ha surtido para cumplir con las órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la información relativa a los análisis detallados que sustentaron la modalidad de toma de posesión de la empresa energética.
Cuestiona el Ministerio Público que la Superservicios, después de varios meses de haber asumido el control del funcionamiento de la electrificadora, no contemple un plan de solución definitiva dirigido a la reorganización o la liquidación de la empresa, ni propuestas concretas para la continuidad de la prestación del servicio.
En sus acciones preventivas, las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, advierten que la complejidad de esta intervención evidencia una preocupante alteración del equilibrio del sector al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes lo que podría comprometer la continuidad y calidad del servicio para millones de usuarios en todo el país.
El Ministerio Público citó a una nueva mesa técnica para el próximo 28 de mayo y requirió nueva información para el 16 de mayo.
