La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que 635 víctimas de violencia sexual, reproductiva y por prejuicio han sido acreditadas para participar en el Caso 11, que investiga estos crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
La Sala de Reconocimiento de Verdad ha citado a rendir versión a 62 comparecientes: 35 exintegrantes de las FARC y 27 miembros de la fuerza pública. Según el tribunal, se han implementado medidas de confidencialidad, seguridad y acompañamiento especializado para garantizar condiciones dignas en la participación de las víctimas, teniendo en cuenta que por más de cinco décadas estos hechos enfrentaron graves obstáculos para su denuncia e investigación.
El Caso 11 se desarrolla en tres subcasos. El primero examina hechos atribuidos a las FARC-EP contra la población civil; el segundo, delitos cometidos por integrantes de la fuerza pública contra civiles; y el tercero, violencias ocurridas dentro de las propias filas de ambos actores armados.
En el Subcaso 1, liderado por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, se investigan hechos documentados contra la población civil cometidos por distintos bloques de las FARC. En el Subcaso 2, a cargo del magistrado Óscar Parra Vera, se construye un Universo Provisional de Hechos sobre crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, con diligencias realizadas en Putumayo y Montes de María. El Subcaso 3, liderado por la magistrada Lily Rueda Guzmán, adelanta diligencias de escucha directa con víctimas y gestiones con entidades nacionales para documentar violencias cometidas al interior de las filas armadas.
La JEP señaló que el proceso busca establecer responsabilidades diferenciadas y garantizar la verdad de lo ocurrido, resaltando que se trata de uno de los aspectos más invisibilizados y silenciados del conflicto armado colombiano.
