De acuerdo a los datos de la JEP, se ha documentado un total de 35.178 víctimas de estos crímenes, cometidos por diversos grupos armados, durante el período comprendido entre 1957 y 2016.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha dado un paso importante en la búsqueda de la verdad y la justicia relacionada con los crímenes cometidos durante el conflicto armado en el país. Los magistrados de la JEP han anunciado la apertura del macrocaso número 11, cuyo objetivo es priorizar las investigaciones sobre violencia basada en género, incluyendo casos de violencia sexual y reproductiva, perpetrados en el contexto del conflicto armado colombiano.
Este macrocaso se enfoca en hechos graves que habrían sido cometidos tanto por exmiembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) como por miembros de la Fuerza Pública. Según los registros de la Sala de Reconocimiento de la JEP, se han documentado un total de 35.178 casos de estos crímenes, que se llevaron a cabo entre los años 1957 y 2016, involucrando a diversos actores armados.
La magistrada Lili Rueda explicó que debido a la magnitud de este subregistro de casos, se hace un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos y a las víctimas que se consideren afectadas por estos graves hechos a presentar sus testimonios ante la JEP para documentar cada situación de manera adecuada.
De acuerdo con los datos recopilados, el 89,2% de las víctimas son mujeres, y el 35% de ellas sufrieron esta violencia cuando eran menores de edad. También se ha observado que el 33% de los relatos señalan crímenes dirigidos a personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversa, en su mayoría hombres gays, mujeres lesbianas y personas trans.
En los casos atribuibles a las antiguas Farc, se han identificado dos modalidades de crímenes: aquellos que se cometieron para castigar o «corregir», y aquellos destinados a eliminar o expulsar a las víctimas de sus territorios.
La JEP ha destacado que el 67% de los testimonios recopilados corresponden a crímenes contra niñas, adolescentes y mujeres civiles, motivados por su género. En algunos casos, la violencia sexual se utilizó como castigo contra mujeres que se resistieron a las órdenes de las extintas Farc o como represalia contra sus familiares o superiores, considerados como enemigos.
En lo que respecta a los crímenes atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, se ha observado que en un 17% de los relatos, la violencia tenía como objetivo someter, perseguir, estigmatizar y eliminar a las víctimas debido a su orientación, identidad o expresión de género diversa. También se investigarán casos de violencia sexual al interior de la Fuerza Pública, donde la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, de entre 18 y 23 años, muchos de los cuales estaban prestando servicio militar, y se atribuyen a miembros del Ejército y la Policía.
La JEP ha señalado que, en el caso de las antiguas Farc, se ha identificado un listado de presuntos autores, la mayoría de ellos identificados solo por sus nombres de guerra, y se está trabajando para establecer sus verdaderas identidades.
Estos esfuerzos de la JEP reflejan su compromiso continuo con la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia.
