Así lo señaló el despacho de la Juridiscción Especial para al Paz (JEP)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no aceptó la petición de los abogados de la familia Gómez Hurtado para recibir una declaración de Salvatore Mancuso en el caso de los crímenes atribuidos por antiguos integrantes del secretariado de las Farc.
“La JEP considera que en esta etapa de procesos de aportes tempranos a la verdad, los abogados de las víctimas no pueden pedir ese tipo de pruebas”, manifestó la justicia transicional sobre el pedido de los representantes de la familia del líder político asesinado.
El pronunciamiento se conoce el mismo día en que la familia del asesinado líder conservador solicitó formalmente a la JEP expulsar a Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, quien ha sido el principal excomandante en referirse a la supuesta autoría de la extinta guerrilla en el crimen.
La solicitud se presentó debido a que la familia considera que ha incumplido con la obligación de hacer su aporte a la verdad plena, detallada y exhaustiva sobre el asesinato, al encontrar presuntas contradicciones en las versiones que ha entregado.
Pero, en su decisión, la magistrada Julieta Lemaitre negó el recurso indicando que las víctimas no pueden solicitar pruebas en un trámite previo de determinación de competencia y solo podrían hacerlo si el tribunal acepta el caso, para no convertir esa etapa en una de contradicción de pruebas.
Además, indicó en la determinación que Reinel Guzmán y ‘El Médico’ son comparecientes forzosos sometidos a la JEP, por tanto, se trata de casos diferentes al de Mancuso, quien está a la espera de una posible admisión en la jurisdicción.
Salvatore Mancuso ha sido uno de los excomandantes de las Autodefensas que se ha referido a la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, señalando que quien ordenó la muerte del excandidato presidencial fue el narcotraficante Orlando Henao, ‘el Hombre del Overol’, para desestabilizar el país.
El 2 de noviembre de 1995 el político conservador Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá.
El crimen fue considerado por la justicia como un magnicidio por las repercusiones políticas y sociales que trajo.
