Se les atribuye recibir parte de los 25.000 millones de pesos que les fueron hurtados a dos empresas.
Luego de revisar el recurso de apelación presentado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, el juez 24 Penal del Circuito de Bogotá impuso medida de aseguramiento en cárcel y ordenó la captura de cinco personas, quienes habrían participado en el hurto de 25.000 millones de pesos a las cuentas de dos empresas.
Los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2017. Al parecer, un grupo de cibercriminales obtuvo de manera fraudulenta los token de seguridad bancaria de las víctimas, accedió al portal virtual de una entidad financiera y extrajo la millonaria suma, la cual fue direccionada a 13 cuentas distintas, entre estas las de los hoy procesados.
Uno de los afectados con la medida de aseguramiento privativa de la libertad es el cantante de vallenato José Luis Alfonso Carrillo Solano, señalado de recibir transferencias por $260’000.000. Este dinero, al parecer, lo quiso soportar como si fueran ingresos por conciertos realizados en Ecuador.
Los contratos artísticos serían falsos. En algunos documentos figura como contratista un ciudadano colombiano que, de acuerdo con las investigaciones, falleció años antes de que fueran pactadas y pagadas las supuestas presentaciones en el extranjero.
Los otros vinculados al proceso son:
Diana Laverde Ortiz, señalada de presentar ante los bancos documentación, poderes y autorizaciones fraudulentas de los representantes de las empresas afectadas. Esta maniobra ilícita permitió a los ciberdelincuentes extraer los 25.000 millones de pesos.
Heverth Humberto Puentes Perdomo, a sus cuentas habrían sido transferidos 1.601 millones de pesos.
Elvis Blanco Alfaro, exfuncionario de la Gobernación de Bolívar, quien presuntamente recibió $311’000.000.
Carlos Alberto Durán Escorcia, a sus cuentas, supuestamente, llegaron $297’000.000.
Estas personas fueron capturadas a finales de enero del año en curso, en diligencias realizadas por la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional en Bogotá, Cartagena, Valledupar y Chía (Cundinamarca). En las audiencias concentradas fueron imputadas por delitos como: acceso abusivo a un sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes, y uso de documento falso.
En su momento, el juez de control de garantías se abstuvo de imponer medida privativa de la libertad. Esa decisión fue apelada por la Fiscalía y es la que fue revocada por un juez Penal del Circuito de Bogotá.
D.A.
