Un nuevo hecho violento sacudió al sistema penitenciario del país. La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional tras el atentado con una granada ocurrido el lunes en la Cárcel Distrital El Bosque, en Barranquilla, que dejó dos vigilantes heridos.
El ataque se registró hacia las 4:30 de la tarde, cuando hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo de fragmentación contra el parqueadero interno del establecimiento, ubicado en la calle 77 con carrera 8. Como resultado, resultaron lesionados los custodios Luis Eduardo Santana Gutiérrez, de 36 años, y James Fabián Blaza Jiménez, de 35, quienes fueron trasladados inicialmente a un centro asistencial cercano y posteriormente remitidos al Nuevo Hospital General de Barranquilla.
Según la Defensoría del Pueblo, este atentado no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de agresiones sistemáticas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y sus familias. El organismo recordó recientes hechos violentos ocurridos en ciudades como Neiva, Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena, que han cobrado la vida de dragoneantes, directivos y familiares de funcionarios.
“El ataque evidencia la extrema vulnerabilidad en la que desempeñan su labor los cuerpos de custodia y vigilancia”, señaló la Defensoría, que insistió en la existencia de fallas estructurales en las estrategias de prevención, seguridad y protección del personal penitenciario.
Las autoridades investigan la posible responsabilidad de integrantes del grupo criminal ‘Los Costeños’, quienes habrían difundido un panfleto en el que amenazan al director y a los guardias del penal, exigiendo el traslado de varios internos presuntamente vinculados a ‘Los Pepes’. En el mensaje, los funcionarios fueron declarados “objetivos militares” si no se cumplían las exigencias en un plazo de 24 horas.
Otra línea de investigación apunta a que las amenazas estarían relacionadas con el control ejercido por los custodios para impedir el ingreso de celulares, drogas, armas y bebidas alcohólicas al centro carcelario.
Ante este panorama, la Defensoría reiteró la necesidad de implementar de manera inmediata una política integral y articulada que garantice la vida y la integridad del personal administrativo y de custodia en las cárceles del país.
