Las autoridades territoriales de Barranquilla manifestaron su sorpresa y preocupación ante el anuncio del traslado a la ciudad de los máximos cabecillas de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, en el marco de la política de paz urbana impulsada por el Gobierno nacional.
A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Barranquilla aseguró que recibió con sorpresa la información sobre el traslado de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, con el propósito de iniciar formalmente una mesa de diálogo sociojurídico.
Aunque el Distrito reiteró su respaldo a los esfuerzos de paz del Gobierno, advirtió que, debido al alto perfil criminal de los líderes de estas estructuras, era necesario contar con una coordinación técnica permanente entre la Administración distrital, la Gobernación del Atlántico y el Gobierno nacional.
“La falta de articulación previa limita la posibilidad de evaluar los impactos del traslado y de adoptar medidas oportunas en materia de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario”, señaló la Alcaldía, al advertir el riesgo de que las cárceles no se conviertan en centros de mando criminal ni la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad.
En ese sentido, el Distrito hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para establecer canales de comunicación permanentes con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y las autoridades locales, especialmente ante eventuales alteraciones del orden público y en el contexto de las próximas elecciones de Congreso y Presidencia.
Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga, confirmó que firmará la solicitud presentada por la Consejería de Paz para autorizar el traslado de los cabecillas, pero fue enfático en señalar que no se trata de beneficios carcelarios.
“La solicitud la recibí por parte del comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas y, principalmente, proteger a la ciudadanía”, afirmó el ministro, quien además aseguró que los traslados se realizarán bajo estrictas medidas de seguridad y vigilancia del Inpec.
El anuncio ha reavivado el debate sobre los alcances, riesgos y controles de la política de paz urbana, mientras las autoridades locales insisten en que cualquier decisión de este nivel debe estar acompañada de coordinación interinstitucional, transparencia y garantías para la seguridad de los ciudadanos.
