El proceso de diálogos que el Gobierno Nacional adelanta con las estructuras criminales conocidas como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ entrará en una fase decisiva a partir de enero, cuando se dé inicio a la etapa de diálogo sociojurídico orientada a definir las condiciones de un eventual sometimiento a la justicia.
Este nuevo momento del proceso se desarrollará en un contexto marcado por el calendario político: al Gobierno del presidente Gustavo Petro le restarán siete meses para culminar su mandato, lo que impone límites temporales a los alcances de una negociación definitiva.
Según explicó Camilo Pineda, delegado de paz del Gobierno para estos diálogos, el escenario ideal sería cerrar la administración actual con un acuerdo que permita entregar a Barranquilla y al Atlántico un territorio libre de estas estructuras criminales. No obstante, reconoció que ese resultado dependerá del ritmo y la profundidad de los avances.
En un escenario menos favorable, Pineda aseguró que el objetivo central es dejar un proceso irreversible, de tal manera que el próximo Gobierno —sin importar su orientación política— reciba una hoja de ruta sólida que garantice continuidad.
“El propósito es avanzar tanto en el desmantelamiento de las estructuras como en el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, para que este esfuerzo se convierta en una verdadera política de Estado”, explicó el funcionario.
Pineda fue enfático en señalar que un eventual acuerdo no significará la desaparición inmediata de homicidios y extorsiones, al reconocer la existencia de actores que no tienen interés en la paz y que continúan disputándose el control de rentas criminales.
Aun así, confió en que el trabajo articulado de las autoridades permita debilitar progresivamente estas organizaciones, creando condiciones para una nueva etapa de seguridad y convivencia en la región.
Aunque el proceso se ha manejado con reserva, el delegado admitió que hacer pronósticos sigue siendo complejo. Sin embargo, destacó que en Barranquilla se han logrado avances que hace poco parecían lejanos y que, si los resultados continúan siendo visibles, el proceso tendrá bases suficientes para mantenerse en el tiempo.
Finalmente, Pineda expresó su expectativa de que cualquier Gobierno entrante respalde la iniciativa, siempre que se evidencie un impacto real en la calidad de vida, el desarrollo y la seguridad de Barranquilla y el departamento del Atlántico.
