Durante la audiencia pública realizada en la Inspección Novena de Policía de Barranquilla fue revelada una grave afirmación que pondría en evidencia la supuesta complicidad de la administración del edificio La Ría y su personal de seguridad, con la fiesta en la que terminaron agredidas la pediatra Dalila Peñaranda y su empleada doméstica Carmen Pérez.
Noticias BQ pudo establecer que en él acta que se elaboró tras la diligencia en la que participaron los inquilinos y organizadores de la fiesta, así como la administración del condominio, quedó establecido que Fanny Franco Pérez, una de las personas que habría propiciado la agresión y que reside en el apartamento donde se realizó la fiesta, aseguró textualmente
“Los señores de la administración y vigilantes estaban avisados de la fiesta, dimos $500.000 para que la administradora y los vigilantes se hicieran de la vista gorda. En todas las actividades que se realizaban en el apartamento dábamos dinero para que nos permitieran”.
Dicho testimonio fue reforzado por una comunicación escrita radicada en la Inspección Novena de Policía, donde Fanny Franco Pérez y Martín Caro Parra, señalan que los $500.000 se habían repartido supuestamente en $300.000 para la administradora y $200.000 para los vigilantes, “a través de uno de los vigilantes que tiene confianza con ella”.
Por su parte, la Administradora del Edificio La Ría, respondió los graves señalamientos formulados por los esposos Caro Franco, asegurando que “Desconozco lo manifestado por la señora Fanny Franco, nunca he recibido dinero, tampoco tengo conocimiento de que la parte administrativa del edificio La Ría obtuviera dinero de parte de los residentes del apto. 1002 torre 1”.
Agregó que eran reiterados los llamados de atención a los inquilinos del apartamento 1002 de la torre 1, por música a alto volumen y en altas horas de la noche; los acusados negaron completamente los argumentos de la querella que les fue interpuesta en agosto.
Según quedó registrado en el acta de la diligencia de conciliación, Fanny Franco Pérez y Martín Caro Parra, residentes en el inmueble desde junio de 2019, dijeron que solo “en dos ocasiones les notificaron los llamados de atención por parte de la administración”.
En ese orden de ideas, serán las autoridades las encargadas de establecer quien dice la verdad con relación a esta bochornoso episodio que dejó a la pediatra con incapacidad laboral de 25 días debido a los fuertes golpes recibidos y a su empleada doméstica también con traumas en diferentes partes del cuerpo.
