Siete de los presuntos integrantes fueron judicializados. Adicionalmente, se ocuparon con fines de extinción de dominio 24 bienes que pertenecerían a la organización delictiva.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, puso al descubierto una red criminal señalada de ingresar al país cargamentos de cigarrillos de contrabando procedentes de Curazao y Aruba.
Los presuntos integrantes de la estructura fueron identificados como Nora Ligia Díaz Rivera, alias La Madrina; Noreydis Judid Acevedo Cuadros, alias La Sobrina; Julieta Hernández Nieves; Jader Yaiser Uribe Pedrozo, Jorge Luis Ferreiro Caicedo, alias Bola; Julio Cesar Muñoz, alias Panda y Kassandra Zulay López Barros.
Desde 2018, estas personas se habrían concertado para distorsionar el régimen especial de zona aduanera creado para Uribia, Maicao y Manaure (La Guajira), con el propósito de entrar miles de cajetillas sin pagar impuestos ni aranceles. Adicionalmente, habrían constituido sociedades y establecimientos de comercio para dar apariencia de legalidad a los alijos.
Los elementos de prueba dan cuenta de que alias La Madrina sería la encargada de definir los diferentes roles a cumplir por parte de los señalados involucrados en el andamiaje ilegal. En ese sentido, algunos se encargaban de dinamizar el ingreso de la mercancía de contrabando, otros del almacenamiento, y un grupo de la comercialización y distribución.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó cargos, de acuerdo con su posible participación, de contrabando, concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública y con fines de contrabando.
El juez de control de garantías tras considerar que sí existía inferencia razonable frente a la comisión de los delitos imputados decidió que todos los procesados debían ser afectados con detención en sus lugares de residencia.
Acciones contra el patrimonio ilegal
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impactó el patrimonio de los presuntos integrantes de la red criminal e impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 7 inmuebles, 7 vehículos, 1 sociedad y 9 establecimientos de comercio.
Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas en Maicao (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico), su valor superaría los 3.000 millones de pesos.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes.
