11 personas fueron judicializadas. Los elementos de prueba indican que serían las responsables de apoderarse de combustibles mediante la perforación del oleoducto Caño Limón – Coveñas o la desviación directa desde la refinería de Barrancabermeja (Santander).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, lideró una ofensiva investigativa que permitió impactar a una estructura criminal que sería responsable del apoderamiento ilícito y comercialización de hidrocarburos.
En diligencias realizadas de manera articulada con la Policía Nacional fueron capturadas 11 personas, en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Bogotá; Sabana de Torres, Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander); San Martín (Cesar), Barranquilla (Atlántico) y Ocaña (Norte de Santander). En los procedimientos fueron incautados 15.500 galones de crudo.
Esta red, al parecer, utilizaba dos modalidades para extraer de manera ilegal el hidrocarburo. Una de estas era la perforación del oleoducto Caño Limón – Coveñas y la utilización de guías de transporte fraudulentas para moverlo como si fuera un producto legalmente obtenido. La otra maniobra consistía en desviarlo directamente desde la refinería de Barrancabermeja (Santander) y trasladarlo en carrotanques a Sabana de Torres (Santander).
En cualquiera de las dos formas delictivas el crudo era almacenado en puntos clandestino y enviado en vehículos de carga a distintas ciudades de la Costa Atlántica y el centro del país, donde era comercializado.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos, de acuerdo con su posible responsabilidad y participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados, receptación y falsedad en documento público.
Por decisión de un juez de garantías, ocho de los procesados recibieron media de aseguramiento en centro carcelario y los otros tres deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.
Los afectados con la decisión son: Norbey Palacio Marín, alias Chucho, quien sería el principal articulador y financiador de la estructura ilegal. Además, figura como propietario de una empresa que utilizaría como fachada para acopiar el hidrocarburo hurtado. Danny Alexander Herrera Vivas, alias Danny, señalado como segundo cabecilla y encargado de coordinar la extracción del crudo; Hernando Ascanio Moreno, alias Nando; Luis José Navarro, alias Cuñis; y José Yessith Mendoza Vergel, alias Yesid. Estas personas, al parecer, trasportaban y escoltaban el producto hurtado.
Finalmente, están: Alexander Emilio Villamizar Arias, Juan Álvaro Uribe Villa, Fabricio Patiño Cabrejo, Miguel Ángel Chona Jiménez, Freddy Rangel López y Evelio Suárez Parada, conductores de empresas petroleras legales que, aparentemente, permitían el apoderamiento de los hidrocarburos.
