La Fiscalía en la investigación se constató que el producto era procesado en pésimas condiciones de salubridad y comercializado a fábricas de empanadas y otros establecimientos de comercio en Risaralda y departamentos aledaños.
Las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, en defensa de los recursos naturales permitieron identificar una actividad ilícita, que representa riesgo para la salud y la vida de la ciudadanía.
Se trata del sacrificio clandestino de caballos, y la posterior comercialización de la carne en Pereira y otros municipios de Risaralda, el Eje Cafetero y departamentos cercanos.
El material de prueba da cuenta de que animales enfermos, fracturados, en mal estado físico o muertos eran adquiridos en distintos puntos del país, traslados para su sacrificio a una finca en la vereda el Chocho, en zona rural de Pereira. Esta actividad se ejercía en pésimas condiciones de salubridad y sin los permisos de ley. Posteriormente, la carne era transportada en vehículos particulares, sin conservar la cadena de frío.
Abundante evidencia técnica da cuenta de que este producto era vendido a carnicerías, industrias de empanadas y procesadoras de otros alimentos.
Los cálculos preliminares indican que la red delictiva que estaría involucrada en este andamiaje ilegal habría comercializado, aproximadamente, 60 toneladas de carne de caballo y bovino, entre 2020 y 2021.
En el curso de la investigación, realizada de manera articulada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, se realizaron, por lo menos, tres operativos contra la organización delictiva.
En los procedimientos fueron detectados vehículos que transportaban carne y se inspeccionó el matadero clandestino. En este lugar se encontraron equinos, bovinos y porcinos en pie, otros despresados. También se hallaron residuos animales dispersos en el suelo o sepultados en fosas. Esta situación generaba olores nauseabundos que habían sido denunciados por la comunidad.
La caída del negocio ilegal
Los ocho presuntos integrantes de la estructura ilegal fueron capturados en diligencias realizadas en Pereira.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; y daño a los recursos naturales.
Los procesados no aceptaron los cargos y, en su contra, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Los investigados son:
Jorge Camargo Montoya, quien sería el principal articulador y responsable de la compra, sacrificio y preparación de los animales, y la comercialización de la carne.
Jorge Leonardo Montoya Varón, hijo del señalado cabecilla. Se le atribuye la supuesta participación en el transporte y sacrificio de los animales, y en la comercialización de la carne.
José Yhon Fredy Valencia Velasco, presunto encargado de despresar los animales y ocultar los residuos.
Faustino de Jesús Trejo Arias, estaría vinculado a la compra de caballos y burros en mal estado, y de sacrificarlos.
Julián Alberto Manzano Castro, sería uno de los responsables de la adquisición y transporte de los animales.
Hernán Darío Vélez Gómez, presunto comprador y comercializador de la carne.
Jaime Marín Ocampo, señalado transportador del producto cárnico.
Mónica Milena Hernández Santos, una de las supuestas receptoras del recurso cárnico para la fabricación de empanadas y otros productos alimenticios.
