La Fiscalía General de la Nación expuso durante una audiencia de imputación de cargos los detalles del presunto secuestro y las agresiones sufridas por Carlos Alfredo Mejía Vargas, un cobrador informal de préstamos, en un caso por el que es investigado Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, junto a otras cinco personas.
De acuerdo con el fiscal delegado Rodrigo Restrepo, los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de agosto de 2025, cuando un grupo de personas habría llegado en varias motocicletas hasta una vivienda del barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla. Según el ente acusador, los implicados intimidaron con armas de fuego a la familia de la víctima y la obligaron a salir de la vivienda para trasladarla contra su voluntad a un inmueble ubicado en el barrio Las Granjas.
La investigación sostiene que Carlos Alfredo Mejía Vargas fue retenido durante varias horas bajo la acusación de haberse apropiado presuntamente de entre 15 y 30 millones de pesos pertenecientes a la organización de préstamos informales para la que trabajaba.
Durante ese tiempo, siempre según la Fiscalía, los presuntos responsables habrían contactado a los familiares del cobrador para exigir inicialmente el pago de 15 millones de pesos a cambio de su liberación. Al conocer que la familia no contaba con esa suma, presuntamente plantearon como alternativa la entrega de una vivienda mediante la firma de la escritura pública a favor de una persona designada por la organización.
El ente investigador afirmó que, mientras permaneció retenida, la víctima fue sometida a múltiples agresiones físicas y amenazas con el propósito de obligarla a confesar el supuesto paradero del dinero. Además, aseguró que recibió lesiones ocasionadas con diferentes objetos y armas durante el cautiverio.
La Fiscalía también señaló que Luis Mariano Díaz González habría llegado posteriormente al lugar donde permanecía retenida la víctima y que, junto con otros procesados, presuntamente dirigió las agresiones. Asimismo, indicó que los demás investigados habrían cumplido funciones de vigilancia, custodia, intimidación y participación en los hechos, dentro de un plan previamente coordinado.
Los seis capturados son investigados por los presuntos delitos de secuestro simple y tortura. Será la justicia la que determine su responsabilidad penal en este caso, mientras avanzan las respectivas etapas del proceso judicial.
