La llegada de un grupo selecto de oficiales de alto rango de la Policía Nacional, enviados por la Dirección General desde Bogotá, ha generado cierta esperanza en la comunidad sobre una posible mejora en la lucha contra las estructuras criminales en el departamento del Atlántico. Sin embargo, a pesar de las promesas y medidas anunciadas por los nuevos líderes del operativo, los resultados hasta ahora son desalentadores.
Desde el 7 de agosto, cuando se anunciaron nuevas medidas de orden público para combatir los delitos de impacto, se han reportado 12 muertes violentas en el Atlántico, un número alarmante que incluye asesinatos vinculados con la disputa por el control de rentas ilegales y una serie de atentados recientes.
Acorde a cifras reveladas por Arturo García Medrano, expersonero de Barranquilla y experto en seguridad, el mes de agosto de 2024 ya ha superado en estos 11 días el número de muertes violentas comparables al mismo período de agosto en 2023, que registró 17 víctimas.
En este mes, se han reportado 37 muertes violentas, incluyendo dos bajas de delincuentes a manos de miembros del GAULA y otro caso relacionado con la seguridad privada. La distribución de estos casos letales es la siguiente:
Barranquilla: 18 casos
Soledad: 6 casos
Malambo: 6 casos
Galapa: 2 casos
Puerto Colombia: 1 caso
Baranoa: 3 casos
Sabanalarga: 1 caso
En el Área Metropolitana de Barranquilla, se contabilizan 33 casos fatales, con un aumento notable en la violencia: 8 muertes en la Localidad Sur Occidente, 6 en la Metropolitana, 3 en el Centro Histórico, y 1 en Suroriente. Entre las víctimas se encuentran 5 mujeres y dos menores de edad, lo que incrementa el número total de víctimas de género a 45. Además, 17 personas resultaron lesionadas por armas de fuego durante este período.
Los datos del Sistema de Información de Registro de Defunciones y Causas (Sirdec) indican que, entre el 1 de enero y el 11 de agosto de 2024, se han registrado 282 muertes violentas en Barranquilla, comparado con las 262 víctimas reportadas en el mismo período de 2023. Este incremento sugiere que, a pesar de las inversiones millonarias en seguridad, las estrategias actuales no han logrado frenar el creciente ciclo de violencia.
La situación plantea serias dudas sobre la eficacia de las políticas de seguridad y la capacidad de las autoridades para controlar el aumento de la violencia urbana, que ha persistido durante más de una década.
Con una inversión superior a 300 mil millones en seguridad, la comunidad y los analistas se preguntan si las medidas actuales serán suficientes para revertir la tendencia y garantizar la paz en la región.
