La decisión judicial que dejó en libertad a Edgar Yair Aguilar Soto, señalado como presunto responsable del feminicidio de Clara Milena Álvarez en el barrio Sinaí, suroccidente de Barranquilla, ha generado indignación y preocupación entre las organizaciones de mujeres del Atlántico.
Ruth Pareja, vocera de la Red de Mujeres, calificó la liberación como “indignante” y un acto de violencia institucional. “Es un mensaje de desesperanza para las mujeres que se atreven a denunciar. Se vulneran los derechos de las víctimas y de sus familias, que claman justicia y no impunidad”, afirmó.
Según las autoridades judiciales, la libertad del procesado se produjo por vencimiento de términos, figura jurídica que aplica cuando no se cumplen los plazos establecidos para el desarrollo de las audiencias dentro del proceso penal. En este caso, habrían transcurrido cerca de 140 días sin que se definiera la situación jurídica de Aguilar Soto.
Pareja hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura y a los entes de control para investigar posibles fallas disciplinarias por parte de los funcionarios encargados del caso. “Los vencimientos de términos se han convertido en una herramienta que aprovechan las defensas ante la ineficiencia del sistema”, sostuvo.
La líder social también recordó casos similares, como el de Jennifer Ortega en Repelón, donde las organizaciones han hecho seguimiento constante para evitar que se repitan situaciones de impunidad. “Vamos a seguir vigilantes para que no se repitan estos hechos”, agregó.
El caso de Clara Milena Álvarez se suma a la preocupación por los feminicidios en el departamento del Atlántico y reabre el debate sobre la eficacia del sistema judicial frente a la violencia basada en género, destacando la necesidad de garantizar celeridad y justicia para las víctimas.
