El caso de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, entra esta semana en una fase crucial. El Juez Primero Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, decidirá qué pruebas serán admitidas y cuáles quedarán por fuera del juicio oral por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La audiencia preparatoria continuará este martes 4 y miércoles 5 de noviembre, y todo apunta a que el juicio podría instalarse antes de finalizar la semana. Será el momento en que tanto la Fiscalía como la defensa de Petro Burgos revelen sus cartas: los testigos, documentos y evidencias con los que intentarán sostener —o desmontar— las acusaciones.
El proceso gira en torno a presuntos dineros de origen ilícito que el exdiputado del Atlántico habría recibido durante la campaña presidencial de su padre. El propio Nicolás admitió ante la Comisión de Acusación de la Cámara que esos recursos nunca ingresaron a la campaña, sino que terminaron en sus manos.
La Comisión de Acusación también mantiene abierta una investigación para determinar si parte de ese dinero se usó o no en la campaña presidencial.
Pero este no es el único frente judicial que enfrenta el hijo del mandatario.
En paralelo, la Fiscalía prepara una nueva imputación de cargos por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos. Esta línea de investigación se relaciona con supuestos manejos irregulares de recursos destinados a la Fundación Conciencia Social (Fucoso), que debía atender a personas mayores y niños con discapacidad.
Según reveló Revista Semana, los investigadores habrían hallado contratos, convenios y órdenes de pago provenientes de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla que, en vez de llegar a la fundación, habrían terminado bajo el control del exdiputado.
La audiencia de imputación, inicialmente fijada para el 1 de octubre, fue aplazada a solicitud del abogado defensor, quien alegó tener compromisos judiciales y una cita médica ese mismo día. La Juez Sexta Penal Municipal con Control de Garantías aceptó la justificación y ordenó reprogramar la diligencia para después del 8 de noviembre.
Actualmente, Nicolás Petro permanece en libertad, luego de que se revocara la medida de aseguramiento domiciliaria que tenía por el primer proceso. Sin embargo, si la Fiscalía insiste en la medida de aseguramiento en el nuevo expediente, podría volver a quedar privado de la libertad.
Todo apunta a que los próximos días serán decisivos para el futuro judicial de Nicolás Petro, en medio de una tormenta que no deja de crecer alrededor del apellido presidencial.
