La tormenta judicial que rodea al exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, no da tregua. Esta vez, la Fiscalía General de la Nación se prepara para imputarle un nuevo delito: interés indebido en la celebración de contratos, en el marco de un entramado de presuntas irregularidades vinculadas a la Fundación Consciencia Social.
Según el ente acusador, Petro habría intervenido de forma ilegal en al menos cinco contratos por altas sumas de dinero, gestión que habría realizado en complicidad con su expareja, Daysuris Vásquez, pieza clave en la investigación desde que decidió colaborar con las autoridades.
Este nuevo giro en el caso se suma a un expediente ya abultado, en el que Nicolás Petro enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De acuerdo con la Fiscalía, el hijo del presidente Gustavo Petro no ha logrado justificar el origen de $1.054 millones que, según las pesquisas, habrían sido entregados por personajes como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y el empresario Gabriel Hilsaca.
La audiencia de imputación por estos nuevos hechos se realizaría en Barranquilla, aunque la fecha aún no ha sido anunciada oficialmente. Lo que sí se conoce es que la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento, lo que pondría aún más presión sobre Petro Burgos, cuyo juicio por los cargos anteriores está próximo a comenzar.
Este episodio marca otro capítulo en una saga judicial que ha generado alto impacto político, no solo por los delitos que se investigan, sino por el apellido que carga el procesado. Mientras la justicia avanza, el país observa con atención cada movimiento de este caso que ha puesto a prueba los discursos de transparencia y cambio en la política colombiana.
