Una fuerte controversia se desató en Barranquilla luego de que el juez Ángel Monroy decidiera suspender una audiencia para verificar personalmente información relacionada con un indiciado por porte ilegal de armas.
El caso se originó tras un operativo del Gaula de la Policía en el barrio El Bosque, donde fue capturada una persona en medio de un allanamiento en el que, según las autoridades, se hallaron un arma de fuego y panfletos amenazantes atribuidos a estructuras criminales como ‘Los Pepes’, con presuntos vínculos con ‘Los Costeños’.
Durante la audiencia, el juez legalizó la captura y el procedimiento, y la Fiscalía imputó cargos al detenido, quien no los aceptó. Posteriormente, el ente acusador solicitó medida de aseguramiento, mientras que la defensa pidió aplazar la diligencia para recolectar pruebas, incluyendo videos de cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos.
Sin embargo, lo que encendió el debate fue la decisión del juez de salir personalmente a inspeccionar el sitio de la captura e incluso acudir a una tienda del sector para verificar información, argumentando la necesidad de “evitar posibles irregularidades” antes de tomar una decisión de fondo.
La actuación ha sido cuestionada por expertos, quienes advierten que este tipo de intervenciones podrían comprometer la imparcialidad del juez, al asumir funciones que corresponden a las partes del proceso, especialmente a la defensa.
No es la primera vez que Ángel Monroy se ve envuelto en polémicas. En 2025, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó investigarlo disciplinariamente por apartarse de su competencia en un caso de presunta corrupción en Soledad.
Además, en 2020 protagonizó otro episodio controversial al ordenar el arresto de un fiscal durante una audiencia, y en 2019 fue cuestionado por dejar en libertad a presuntos integrantes del Clan del Golfo.
Mientras tanto, el proceso actual sigue en pausa y a la espera de una decisión que ahora está bajo el foco público, en medio del debate sobre los límites del rol judicial en Colombia.
