Solo hasta este lunes, la Fiscalía General de la Nación, entregó algunos detalles acerca de los 12 capturados semanas atrás en el departamento del Atlántico, como implicados en los delitos lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Las personas capturadas fueron judicializadas e imputadas por la Fiscalía bajo los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
La Fiscalía General de la Nación puso en marcha un trabajo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y el Grupo de Investigaciones Financieras, donde lograron dar un certero golpe a esta estructura, donde se dio la captura de 12 personas que presuntamente estarían involucrados en el ‘blanqueo’ de más de $37 mil millones de pesos entre los años 2015 y 2018.
Con un total de 11 diligencias de registro y allanamiento en Barranquilla, Baranoa y Soledad apoyado por Batallón de Policía Militar N°2 del Ejército Nacional se cumplió el operativo, dejando 12 capturados que fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías, bajo la imputación por los delitos descritos en un principio.
En evidencia quedaron los análisis económicos, financieros y contables, y otras labores investigativas que dan cuenta que los procesados habrían presuntamente participado en diferentes maniobras ilícitas para garantizar el ingreso del dinero al sistema financiero.
Para el ente acusador, fueron creadas nueve empresas de papel en Barranquilla con las cuales se buscaba garantizar el ingreso de divisas desde Estados Unidos, mediante el reporte de diferentes operaciones ficticias de comercio internacional.
Los representantes de dichas compañías habrían presentado declaraciones cambiarias por conceptos como anticipos por exportaciones de bienes, pago anticipado de futuras importaciones e inversión extranjera. Estas actividades, supuestamente, no se realizaron pero sirvieron para monetizar las divisas e introducirlas al sistema financiero nacional.
También determinó la Fiscalía que los presuntos dueños de las empresas habrían girado cheques a terceras personas, que los cobraron con el aparente auspicio de trabajadores de entidades financieras.
