En desarrollo de la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro, la Procuraduría sostuvo que no existió coacción ni amenaza alguna para que Daysuris Vásquez entregara su teléfono celular a las autoridades el pasado 2 de marzo de 2023.
El pronunciamiento fue hecho por el representante del Ministerio Público, Henry Bustos, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, despacho a cargo del juez Hugo Carbonó, en el marco de los recursos de reposición en subsidio de apelación presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa.
Según Bustos, la entrega del dispositivo se produjo de manera voluntaria. “No hubo coacción ni amenazas para que Daysuris entregara su celular. Ella permitió el ingreso de los funcionarios a su vivienda y posteriormente aceptó en declaraciones que lo hizo voluntariamente”, señaló, agregando que el Ministerio Público no encuentra ilegalidad en la obtención de esa evidencia.
Competencia del fiscal
El procurador también respaldó la postura de la fiscal Lucy Laborde respecto a la competencia que tenía Mario Barahona, Fiscal Sexto Delegado ante el CTI, para recibir la entrevista y acceder a la información del celular.
De acuerdo con Bustos, Barahona adelantaba una investigación relacionada con el denominado ‘Pacto de La Picota’, vinculado a presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. En ese contexto, recepcionó la declaración de Daysuris Vásquez y obtuvo el dispositivo móvil.
Posteriormente, al advertir que parte de la información no guardaba relación con el proceso que tenía a su cargo, el fiscal compulsó copias para que se investigara lo relacionado con Nicolás Petro. “Entonces dónde está lo ilegal allí”, cuestionó el representante de la Procuraduría.
Asimismo, indicó que la defensa no presentó argumentos suficientes para desvirtuar la competencia del funcionario en esa actuación.
Recurso pendiente y posible apelación
No obstante, la Procuraduría advirtió que el juez debe resolver de fondo el recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto por la defensa, que busca la inadmisión de la información extraída del celular de Daysuris Vásquez. Solo con una decisión en firme sobre la legalidad de la prueba podrá instalarse el juicio oral.
El abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro, ha sostenido que el fiscal no tenía competencia para practicar esa diligencia, argumentando que en ese momento no existía denuncia, querella ni flagrancia contra su cliente.
El proceso, que inició en julio de 2023 tras la captura de Nicolás Petro en Barranquilla, se encuentra en etapa preparatoria. De mantenerse la decisión del juez frente a la admisión o inadmisión de pruebas, el caso podría pasar al Tribunal Superior de Barranquilla, cuyos magistrados resolverían las apelaciones presentadas por las partes.
Daysuris Vásquez, expareja del procesado, es considerada testigo clave en el caso y actualmente colabora con la Fiscalía tras acogerse a un principio de oportunidad.
