El Juzgado 13 Civil del Circuito Oral de Barranquilla emitió un fallo de primera instancia en el que
declara civilmente responsables a tres clínicas por no haber atendido de forma oportuna a la ciclista
Andrea Rueda Arango, quien falleció el 17 de noviembre de 2022 tras ser arrollada por un taxi que se desplazaba en reversa.
Las instituciones involucradas son la
Clínica Altos de San Vicente S.A.S., la Clínica Reina Catalina S.A.S. y la
Clínica de Fracturas Centro de Ortopedia y Traumatología S.A., quienes deberán
indemnizar por pérdida de oportunidad y realizar
cursos obligatorios en derechos humanos e infracción de humanidad como medida de reparación integral y garantía de no repetición.
El caso
Andrea Rueda, ciclista aficionada, fue embestida a las 4:34 a.m. por un taxi que se movilizaba en reversa frente al conjunto residencial Barranquilla Linda, en la carrera 51B. Aunque el conductor aseguró inicialmente que estaba estacionado y que fue ella quien lo impactó,
videos de cámaras de seguridad desmintieron esta versión. En las grabaciones se observa claramente cómo el vehículo la arrolla mientras ella circulaba con las luces encendidas en su bicicleta.
La víctima sobrevivió al impacto, pero
no fue recibida en tres centros médicos cercanos, pese a su grave condición: un
trauma cerrado de tórax que le impedía respirar. Según testigos y su madre,
Andrea fue trasladada en el mismo taxi que la atropelló a la Clínica de Fracturas, la Clínica Altos de San Vicente y la Clínica Reina Catalina, antes de ser finalmente recibida en la Clínica Bonnadona, donde llegó sin signos vitales.
La sentencia judicial señala que las clínicas omitieron su deber de atención en casos de urgencia y desestimaron el cuadro clínico de la paciente, a pesar de que contaba con EPS, medicina prepagada y seguros adicionales.
Reparación y apelación
El juez ordenó que las clínicas condenadas capaciten a su personal administrativo y de urgencias en temas de
infracción de humanidad, con una intensidad mínima de
15 horas, bajo supervisión del Ministerio de Educación o las secretarías correspondientes. La capacitación deberá realizarse en los próximos tres meses.
La sentencia fue apelada por los apoderados de las clínicas y el caso pasó ahora al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil – Familia, donde se definirá en segunda instancia.
