Mientras la familia de la docente Lissi Judith Camargo Noriega intenta asumir la pérdida desgarradora de una madre, abuela y maestra, las autoridades parecen aún no tener respuestas concretas.
Los responsables de su muerte siguen en libertad. El caso, que ha causado conmoción en la costa Caribe, se diluye entre versiones contradictorias, una flagrancia “perdida” y decisiones policiales que levantan más preguntas que certezas.
Una madrugada que terminó en tragedia
Eran alrededor de las 4 de la mañana del 22 de mayo cuando Lissi y su yerno, Ángel José Daza Cuello, regresaban en una camioneta Duster a su vivienda en Salgar. Nunca imaginaron que esa noche terminaría marcada por la tragedia. Al llegar a las inmediaciones del conjunto residencial donde reside el empresario y excongresista Gerardo Vecino Villarreal, fueron recibidos con disparos por parte de los vigilantes del complejo y, presuntamente, también por el escolta de Vecino, funcionario activo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Todo, según la Policía, se originó por una falsa alarma del propio Vecino, quien habría alertado a su personal de seguridad porque supuestamente lo venían siguiendo. Una presunción equivocada que terminó en una reacción desproporcionada.
Un video que lo cambia todo
Zona Cero reveló un video de seguridad clave: en las imágenes, se ve cómo la camioneta en la que se movilizaban Lissi y su yerno es interceptada. La camioneta Toyota de Vecino frena abruptamente al llegar a su residencia. El escolta se baja, seguido por un vigilante, y sin ningún intento de verificación o diálogo, comienzan a disparar hacia el vehículo en el que viajaban la docente y su familiar.
Los disparos, ejecutados con revólveres calibre 38 y posiblemente una pistola (según la Policía, esta última sería del escolta de Vecino), impactaron en repetidas ocasiones la carrocería de la camioneta. Dos tiros alcanzaron la cabeza de Lissi. Su yerno, herido, intentó pedir ayuda a los agresores. Nadie respondió.
Gerardo Vecino se bajó del vehículo, observó la escena y entró rápidamente a su casa. No ofreció asistencia ni intentó frenar la acción de sus vigilantes ni del escolta de la UNP. Ángel, desesperado, trasladó a su suegra a la Clínica Portoazul, donde más tarde se confirmaría su fallecimiento.
¿Por qué no hay capturas?
La respuesta que la Policía dio ante la ausencia de capturas inmediatas resultó desconcertante: “la Fiscal manifestó que se perdió la flagrancia”. A los dos vigilantes les incautaron sus armas, pero no fueron arrestados. Y lo más llamativo: no se decomisó la pistola del escolta de la UNP, de la que incluso el propio general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reconoció que habría sido utilizada en el ataque.
En el reporte oficial del jueves, no se menciona en absoluto al escolta, pese a que al día siguiente se admite su posible participación. ¿Por qué esta omisión? ¿Por qué no se procedió con su desarme o detención?
Una familia que clama justicia
Milton Angulo Camargo, uno de los hijos de Lissi, se encargó de los trámites en Medicina Legal para retirar el cuerpo de su madre. No oculta su dolor ni su indignación.
“El carro fue acribillado, totalmente, de una forma indiscriminada, de una forma miserable. Esperamos total justicia sobre este hecho”, afirmó, señalando que ni la Fiscalía ni la Policía se han comunicado con la familia desde el ataque.
El vehículo, efectivamente, presenta múltiples impactos de bala, lo que evidencia que los disparos no fueron producto de una reacción instintiva, sino de un ataque sostenido y sin fundamento.
Un caso que huele a impunidad
La investigación está en curso, pero la falta de capturas, el trato ambiguo al escolta de la UNP y el silencio frente al rol de Gerardo Vecino en los hechos, siembra la sombra de la impunidad. ¿Quién responde por la muerte de Lissi Judith Camargo Noriega? ¿Quién asumirá la responsabilidad de haberle disparado sin razón, de no haberle prestado auxilio, de haber confundido un vehículo con una amenaza?
La ciudadanía exige respuestas. La familia, justicia. Y el país, garantías de que la ley se aplique igual para todos, sin importar si se es escolta del Estado o un empresario con poder. Por ahora, el caso sigue abierto, pero los responsables siguen libres.
