Judiciales

Judicializado presunto responsable de almacenar armas que pertenecerían a disidencias de las FARC en la Guajira

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de tráfico y porte de armas de fuego y municiones a Rider Elith Gámez Ramírez.

Según las investigaciones, los hechos se registraron en los cerros de la vereda ‘Punto Claro’, zona rural de Barrancas (Guajira), donde el procesado al parecer tenía almacenadas armas de las disidencias de las FARC. Por lo que Gámez Ramírez fue capturado en flagrancia.

Durante el operativo realizado por CTI Unidad Local Fonseca (Guajira), con el apoyo del Ejército Nacional fueron incautadas tres armas de fuego, un revólver calibre 38 SPL, una carabina cal 22LR, una escopeta calibre 12 milímetros, 11 cartuchos para revólver calibre 38SPL y 8 cartuchos 12 milímetros.

Durante las audiencias concentradas, el juez impuso las siguientes  medidas restrictivas:

– Obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante autoridad que él designe.

– Obligación  de  observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de  la misma y su relación con el hecho. – Tiene prohibido salir del país, del lugar del cual reside o del ámbito territorial que fije el juzgador.

Estas acciones se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia 2020 – 2024 implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para combatir los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general.

EDH/MG/AAPF

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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