Una jueza federal en Washington emitió este viernes una orden que bloquea la implementación de las “deportaciones aceleradas” promovidas por el Gobierno del expresidente Donald Trump, medida que buscaba expulsar con mayor rapidez a inmigrantes admitidos bajo programas humanitarios anteriores.
La decisión de la magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, responde a una demanda presentada por organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA, que alegaron que el Ejecutivo estaba aplicando un proceso “profundamente defectuoso” para expulsar del país a personas que habían ingresado legalmente bajo ciertas protecciones migratorias.
El fallo impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuar con la expulsión inmediata de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos amparados por la Operación Aliados Bienvenidos o el programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), sin otorgarles el derecho a una audiencia o asistencia legal.
La jueza consideró que el Gobierno cambió las reglas a mitad de camino y que la ley prohíbe aplicar retroactivamente nuevas disposiciones a personas que ingresaron cumpliendo con los requisitos legales. En su argumentación, cuestionó además los métodos de detención usados por las autoridades, comparándolos con prácticas de regímenes represivos.
El fallo representa un nuevo revés legal para la actual política migratoria de la Administración Trump, que ha elevado la meta de arrestos y deportaciones a 800 personas por día. Organizaciones como Chirla y CASA celebraron la decisión judicial y aseguraron que seguirán luchando para convertir esta medida en un freno definitivo a las deportaciones exprés.
La Casa Blanca enfrenta actualmente otras dos demandas relacionadas con la cancelación del programa CHNV, que ha beneficiado a más de 500.000 inmigrantes desde su implementación durante el gobierno de Joe Biden.
