En la vasta historia de juicios a latinoamericanos por narcotráfico en Estados Unidos, el que comenzó el martes contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ocupa un lugar especial.
Hernández fue detenido en su casa de Tegucigalpa en febrero de 2022, tan solo 19 días después de dejar el poder, y fue extraditado a EE.UU. en abril de ese año para responder en una corte de Nueva York a cargos de tráfico de drogas que él rechaza.
El proceso es seguido con expectativa en Honduras, donde algunos medios lo han denominado «el juicio del siglo», y su inicio había sido postergado por diferentes motivos.
Si bien en EE.UU. hubo otros juicios recientes de alto perfil por narcotráfico —como el realizado el año pasado al exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna o en 2019 al líder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán— es extraordinario que un exjefe de Estado como Hernández sea acusado de ese tipo delitos en el país del norte.
El antecedente más notorio es el del fallecido general panameño Manuel Antonio Noriega, condenado a 40 años de cárcel en 1992 en Miami.
“Estos son los tipos de conexiones a los que es más difícil llegar, pero además frente ante a los que hay más impunidad precisamente por los niveles e intereses políticos que se mueven”, explica a BBC Mundo Angélica Durán-Martínez, una profesora de ciencia política en la Universidad de Massachusetts Lowell experta en temas de narcotráfico y crimen.
Hay cuatro claves que ayudan a entender la dimensión del juicio a JOH, las iniciales por las que también se conoce al expresidente hondureño:
1. Quién es
Hernández, de 55 años, gobernó Honduras entre 2014 y 2022 en dos mandatos consecutivos, pese a que la Constitución del país prohíbe la reelección presidencial.
Llegó al cargo como candidato del conservador Partido Nacional de Honduras, luego de presidir el Congreso Nacional y de la crisis política que se desató en 2009 cuando el entonces presidente Manuel Zelaya intentara realizar un referéndum no vinculante para cambiar la Constitución y fuera depuesto.
Mientras Zelaya era visto como un aliado del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, un socialista enfrentado a EE.UU., Hernández se mostró como aliado de Washington en temas de seguridad y migración desde que llegó al gobierno.
Un fallo del Tribunal Supremo Constitucional, de mayoría oficialista, autorizó a JOH a buscar un segundo mandato en las elecciones de 2017, que resultaron polémicas.
El presidente ganó ventaja en el escrutinio tras varias irregularidades señaladas por observadores internacionales y, al ser declarado ganador, se desataron masivas protestas que dejaron varios muertos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió repetir los comicios, pero EE.UU., bajo la presidencia de Donald Trump, aceptó la reelección de Hernández.
Al tiempo que su gobierno recibía ayuda económica de Washington, JOH firmó un controversial pacto con Trump para detener el flujo de migrantes hacia EE.UU.
En 2020, Hernández evitó renovar el mandato de una misión anticorrupción creada en Honduras con apoyo de EE.UU. y la OEA, que había ayudado a investigar a decenas de funcionarios hondureños.
Pero en ese entonces, de forma reservada, las fuerzas de seguridad y los fiscales estadounidenses ya habían puesto en su mira al presidente hondureño.
2. De qué lo acusan
El mismo 21 de abril de 2022 en el que JOH fue extraditado en un avión de la agencia antidroga estadounidense DEA, un tribunal federal en Nueva York reveló cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas.
El Departamento de Justicia de EE.UU. afirmó que Hernández “participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos”.
Agregó que mientras fue congresista y presidente, JOH habría recibido “millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desmedida”.
Y precisó que Hernández habría usado su cargo para proteger con las fuerzas de seguridad hondureñas cargamentos de drogas que pasaban por su país hacia EE.UU., apoyando a organizaciones de narcos locales, de México y otros países.
En particular, señaló que durante su campaña presidencial de 2013 aceptó un soborno de US$1 millón de “El Chapo” Guzmán, que recogió su hermano Tony Hernández y un socio armados con ametralladoras, para proteger las actividades del cartel de Sinaloa en Honduras.
El expresidente fue imputado por tres cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU., uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para ese fin, que conllevan sentencias mínimas obligatorias de 10 y 30 años hasta cadena perpetua.
En los primeros argumentos de este miércoles, los fiscales de Nueva York acusaron a Hernández de «trabajar con narcotraficantes violentos para enviar toneladas de cocaína a EE.UU.».
El fiscal adjunto de distrito de EE.UU. David Robles dijo que durante el juicio llamará como testigos a traficantes de drogas condenados.
Precisó que algunos son culpables de docenas de asesinatos, pero instó al jurado a escuchar sus testimonios.
Por su parte, la defensa alegó que los testigos lo están incriminando en venganza por su lucha contra los carteles.
3. Las pruebas
Si bien se desconoce la totalidad de la evidencia que los fiscales estadounidenses tienen contra Hernández, se espera que en la corte del sur de Manhattan presenten testigos y pruebas materiales.
Algunas posibles pruebas surgieron en juicios previos como los realizados a su hermano Tony Hernández, quien fue diputado hondureño antes de ser detenido en Miami, o Geovanny Fuentes Ramírez. Ambos fueron condenados a cadena perpetua por el juez Kevin Castel, el mismo que ahora conduce el proceso contra el expresidente.
Uno de los testigos en el caso de Fuentes fue un excontador de una arrocera hondureña que dijo haber visto cómo JOH recibió maletines con dinero del narco, con el que buscó asociarse en un laboratorio de cocaína.
