Ante los gravísimos hechos de alteración del orden público y de catástrofe humanitaria que se viven en la región del Catatumbo, que han acarreado la declaratoria del estado de conmoción interior en varios municipios de Norte de Santander, Santander y el Cesar, el Procurador general de la Nación, como jefe del Ministerio Público, manifiesta a la sociedad colombiana lo siguiente:
1. Todos debemos respetar el mandato constitucional que le asigna al Presidente de la República el restablecimiento de la convivencia pacífica. Este mandato constitucional de su exclusiva potestad y será la Corte Constitucional la que decida sobre su constitucionalidad. La Procuraduría General de la Nación, por tanto, ejercerá sus atribuciones de vigilancia y control con la mira puesta en el pronto y pleno restablecimiento de los derechos de la población afectada, la respuesta eficaz del Estado frente a los autores de los crímenes que han desatado esta crisis, la prevención y sanción de cualquier abuso que pudiera cometerse y el mantenimiento de la separación de poderes con plenas garantías para su ejercicio.
2. Si la superación de la crisis requiriera la limitación temporal de algunos derechos, la Procuraduría vigilará que tales límites sean sólo los estrictamente necesarios, que sean idóneos para lograr el restablecimiento del orden constitucional y que no sean desproporcionados. Garantizará también que no se afecten los derechos que por ley son intangibles y vigilará de modo especial que se proteja adecuadamente a los firmantes de paz, a los líderes sociales y a la población más vulnerable ante esta crisis.
3. Los actores armados ilegales que han propiciado esta conmoción deben responder por los crímenes que han cometido y tienen la obligación de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos básicos. No existe ninguna justificación para estas acciones execrables. La Procuraduría General de la Nación recoge el sentimiento de la sociedad colombiana y de la opinión pública internacional, que no toleran ni perdonan crímenes de guerra como los que se han cometido estos días en el Catatumbo y advierte que si no cesan de inmediato esos crímenes, se cierra cualquier posibilidad de diálogo con sus perpetradores.
4. El Procurador General de la Nación ha conformado un equipo de trabajo encabezado por el procurador delegado para los derechos humanos, que monitoreará, vigilará y alertará de modo permanente sobre la adecuada ejecución de las medidas de conmoción. Todas las autoridades tienen el deber de permitir que ese grupo pueda acceder a la información necesaria para el ejercicio de su función.
5. Por último, la Procuraduría General de la Nación hace un llamado a toda la sociedad para que nos unamos con el propósito de superar la grave situación que se presenta en el Catatumbo. Los miles de desplazados de estos días que enfrentan una tragedia que afecta el núcleo de su dignidad, así como las personas secuestradas o desaparecidas y sus seres queridos, los familiares de quienes han sido asesinados, las personas confinadas, los niños y niños que no podrán ir a la escuela estas semanas y todas las víctimas de esta catástrofe humanitaria, merecen especial solidaridad, atención y apoyo de los colombianos. La Constitución es el marco de nuestra convivencia y entre todos podemos restablecer su vigencia en el Catatumbo. Reconozcámonos como sociedad en ese propósito común.
