Gracias a la gestión de la Procuraduría General de la Nación, 1.400 personas condenadas serán trasladadas de Centros de Detención Transitoria (CDT) a cárceles del país.
El acuerdo, alcanzado con la Policía Nacional, el Inpec, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, busca aliviar el grave hacinamiento que afecta a estos centros. En Barranquilla, por ejemplo, el hacinamiento en CDT superó el 377% en 2023.
Actualmente, hay más de 20.900 personas en CDT cuya capacidad es de apenas 9.681 cupos. Algunos condenados llevan más de 690 días esperando traslado a un centro penitenciario.
El Inpec y la Policía coordinarán un cronograma de traslados y seguimiento interinstitucional para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población privada de la libertad.
