El presidente Gustavo Petro emitió un decreto hace algunos meses con el propósito de abordar la crisis económica, social y ecológica en La Guajira. Sin embargo, tras un prolongado debate, la Corte Constitucional ha invalidado este decreto.
De acuerdo con la práctica de la Corte Constitucional, los “efectos diferidos” significan que el decreto no será revocado de inmediato, sino que permanecerá en vigor hasta el 2 de julio de 2024.
Durante este período, el tribunal llevará a cabo una revisión de otros decretos relacionados con la emergencia y hace un llamado al Gobierno y al Congreso para que tomen medidas adicionales.
Uno de los aspectos más controvertidos del decreto que generó preocupación en muchos colombianos fue la inclusión de un cargo adicional en las facturas de electricidad para los estratos 4, 5 y 6, equivalente a $1.000, mientras que los usuarios comerciales e industriales debían aportar $5.000.
Recientemente, algunas personas han recibido facturas de electricidad que incluyen el cobro correspondiente a los meses de agosto y septiembre, con el objetivo de recaudar la suma de $51.000 millones.
Sin embargo, tras la anulación del decreto de emergencia económica, social y ecológica, surgen preguntas sobre el destino de los fondos ya recolectados el mes pasado.
En un informe de RCN, se conversó con varios magistrados de la Corte Constitucional, quienes explicaron que el decreto 1085, considerado como el principal que da origen a otros 10 decretos, incluyendo el relacionado con la tarifa de energía, serán objeto de análisis por parte de la sala plena de la Corte Constitucional.
En este momento, el tribunal se encuentra evaluando el futuro de los recursos recolectados y se está estudiando cómo se gestionará el dinero ya abonado por algunas familias.
