El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada tuvo que sacar su familia del país, como se ha filtrado en los últimos días. Su esposa y sus cuatro hijos, María e Isaías, de diez años, y Juana y Matías, de ocho años, dos parejas de mellizos, vivían en Neiva y fueron objeto de seguimientos, amenazas a través de mensajes y comentarios muy preocupantes de personas de la región alrededor de su seguridad.
Esta situación obligó a que la familia tomara la decisión de que los cuatro menores, y la esposa del magistrado, salieran rápidamente del país. Los dos niños estudiaban y entrenaban fútbol; las niñas se dedicaban al tenis y al patinaje, en un ambiente que, hasta ahora, había sido de total tranquilidad.
Pero las cosas cambiaron cuando el magistrado Prada, junto al también magistrado del CNEdailu , Benjamín Ortiz, estudiara los aportes de Fecode (sindicato de docentes), la USO (sindicato de Ecopetrol) y, además, todo el proceso de testigos electorales, y la versión de Daily Cop (empresa de criptomonedas), sobre aportes a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro.
Según la ponencia de los magistrados Ortiz y Prada, se habría registrado una violación de topes de campaña de más de 5.000 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta presidencial, asunto que está en proceso de evaluación y decisión del CNE.
Según ha podido establecer Caracol Radio con allegados al magistrado Prada, ha sido un proceso especialmente duro, que compromete el hecho de que los menores dejen a sus amigos, sus familiares, sus colegios y comiencen, de manera obligada, una nueva vida lejos de Colombia, con un idioma diferente y los traumatismos que ello conlleva para niños tan pequeños.
De lunes a viernes el magistrado Prada estaba en Bogotá, pero el fin de semana lo dedicaba a viajar a Neiva para estar con su familia. Las cosas han cambiado y es una situación muy compleja, en la que, con suerte, pueden ver a su papá y esposo una vez al mes.
