El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por el secuestro de 18 soldados en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, quienes fueron retenidos por aproximadamente 200 personas.
Según Sánchez, el Ejército se encontraba desarrollando operaciones legítimas contra el ELN en la zona, con el objetivo de proteger a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas, de amenazas como el reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia.
El ministro indicó que, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó y organismos de derechos humanos, se activaron los canales institucionales para lograr la liberación inmediata de los uniformados.
Entre los delitos señalados por el caso se incluyen obstrucción a la función pública y otros penales agravados, dado que los soldados son servidores públicos en cumplimiento de una misión constitucional.
El hecho se produjo cuando los militares fueron retenidos y trasladados de manera arbitraria hacia un resguardo indígena, mientras se mantienen las gestiones para su liberación sin que se registre daño a los uniformados.
