La Procuraduría General de la Nación ya le envió su concepto a la Corte Constitucional acerca de la Ley de Garantías, en el que dice que no aprueba la modificación que se le hace a través de la Ley de Presupuesto: dicha modificación le permitía a los alcaldes y gobernadores suscribir convenios interadministrativos durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial.
La modificación fue impulsada por la Presidencia de la República en medio la pandemia y fue demandada, por lo que su estudio es evaluado por la Corte Constitucional.
La procuradora Margarita Cabello indicó “que debido a la especial fuerza que caracteriza a las normas estatutarias (como lo es la Ley de Garantías Electorales), no es posible constitucionalmente su modificación por medio de una disposición contenida en una ley anual de presupuesto”.
La jefa del Ministerio Público recordó que la prohibición de celebrar contratos interadministrativos es una regulación de la participación en política de los servidores públicos que debe garantizar los principios de la función administrativa: “en particular la moralidad, la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento de las funciones”.
