De acuerdo con la MOE, entre las 7 y las 10 de la mañana, la organización de carácter civil recibió un total de 127 reportes sobre posibles irregularidades y delitos electorales en 70 municipios del país, correspondientes a 21 departamentos y Bogotá. Los principales tipos de irregularidades a los que se refieren estos reportes son:
-Afectaciones a la libertad del votante
En particular, los 34 reportes por afectaciones a la libertad del votante recogen un 27% del total de casos presentados a través de la plataforma de Pilas con el Voto, en 7 de estos se reporta constreñimiento al sufragante y en 22 corrupción al votante.
Para la MOE es importante aclarar que, según los datos reportados, el constreñimiento proviene por parte de privados y no incluye acciones por parte de funcionarios públicos. Así pues, los principales departamentos en que se presentan las irregularidades por voto libre son: Antioquia (7 reportes), Bogotá (4 reportes) y Bolívar (4 reportes)
-Propaganda electoral prohibida
En relación con esta irregularidad se recibieron 33 reportes de propaganda electoral prohibida, Antioquia fue el departamento con el mayor número de reportes (8 reportes), seguido por Bogotá D.C. (8 reportes), Cauca (3 reportes) y Boyacá y Risaralda, con 2 reportes cada uno. Estos casos corresponden a 2 fenómenos: 1) Entrega de propaganda electoral cerca de los puestos de votación e indumentaria para distinguir una campaña en los puestos de votación, y 2) Propaganda electoral fijada en lugares prohibidos, como infraestructura pública, particularmente postes de luz y puentes peatonales.
Incumplimiento de procedimientos electorales
Se recibieron en total 44 reportes de irregularidades presuntamente cometidas por autoridades electorales, en particular por parte de jurados de votación, por el incumplimiento de procedimientos electorales con 26 reportes. Se destacan: Bogotá, San Fernando (Bolívar) y Curumaní (Cesar).
Entre otras conductas sé observan problemas con la acreditación de testigos electorales, demoras en la apertura de puestos de votación y no cumplimiento del protocolo de atención a las personas con discapacidad.